La violencia contra los firmantes del Acuerdo de Paz durante el 2025 es un hecho preocupante, pues en lo corrido del año fueron asesinados 14, el doble que entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2024 cuando se habían registrado 7 víctimas.
Uno de los motivos de este aumento en las cifras es la difícil situación de orden público que se vive en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde más de 50.000 personas han tenido que salir desplazadas de sus hogares y al menos 27.000 permaneces confinadas por temor a quedar en medio del fuego cruzado entre las disidencias de las Farc y el ELN que luchan por hacerse con el control del territorio.
“Los firmantes de paz, al reincorporarse a la vida civil y en algunos casos participar en procesos productivos o políticos, son vistos como una amenaza para estos grupos al margen de la ley”, afirmó Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz.
Por ello, en 2025 Norte de Santander ha sido el departamento más afectado por este flagelo con seis víctimas mortales.
El 16 de enero fueron asesinados cuatro firmantes: Pedro Rodríguez fue atacado en su casa ubicada en la vereda Buenos Aires, de El Tarra; Jhon Freddy Carrascal fue acribillado en el corregimiento La Trinidad, de Convención, y unas horas más tarde, Jhan Carlos Carvajalino fue sacado a la fuerza de su vivienda en el mismo corregimiento por hombres armados, posteriormente se reportó su asesinato. En esa jornada también se presentó el homicidio de Albeiro Díaz en el corregimiento de San Pablo, del municipio de Teorama.
Unos días después, el 21 de enero se conoció el crimen contra la vida de Pedro Nel Angarita, en el barrio San Antonio de Teorama, mientras realizaba labores de recolección de basura. El 27 de enero se cometió el homicidio de Disney Sánchez en el corregimiento de La Trinidad de Convención.
Ante estos hechos, una investigadora del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, consultada por El País, explicó que estos actos violentos se deben a una reestructuración de los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del país y que lleva entre 7 y 8 años ocurriendo, sin embargo, en enero de 2025 se recrudeció el conflicto.
“Los firmantes del Acuerdo de Paz son señalados por parte de uno u otro grupo de ser informantes y esto los pone en peligro. En este momento nos encontramos en un ciclo de disputas armadas. Esa situación de riesgo se incrementa cuando llega un actor armado a querer consolidar su poder en un territorio donde antes no lo tenía”, manifestó la investigadora de Indepaz.
La experta afirmó que desde la firma del Acuerdo de Paz las personas reincorporadas han estado en peligro, pues en el Catatumbo el Frente 33 de las disidencias de las Farc ha realizado controles permanentes, sin embargo, actualmente son el objeto de los asesinatos ya que para el ELN supuestamente son espías de las disidencias y viceversa.
De la misma manera, Felipe Fernández indicó que con el avance de las disidencias de las Farc y la expansión del ELN en el Catatumbo, la violencia ha aumentado, afectando no solo a excombatientes sino también a líderes sociales y comunidades en proceso de sustitución de cultivos ilícitos.
Sin embargo, Norte de Santander no es el único territorio perjudicado por los asesinatos a firmantes del Acuerdo. En Meta y en Cauca se han registrado dos hechos en cada uno; mientras que en Arauca, Vichada, Casanare y Huila se ha presentado uno en cada departamento.
El consultor en seguridad y paz añadió que en diferentes territorios del país estos crímenes están relacionados con retaliaciones. “Los excombatientes han sido asesinados por conflictos internos dentro de las mismas disidencias o por ajustes de cuentas ligadas a su pasado en la guerrilla”.
Otro escenario que se presenta es que “por ejemplo en el Cauca ahora con la confrontación entre el Frente 57 y la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc han ocurrido casos de homicidio en medio de la guerra por el control de territorio”, indicó la investigadora de Indepaz.
Felipe Fernández concluyó que los reincorporados también se ven afectados por la debilidad en los esquemas de protección, los cuales no han sido efectivos en varios territorios ya que la respuesta ante la inminencia de un ataque no es inmediata por parte de entidades como la Unidad Nacional de Protección, UNP, debido a la lentitud en los protocolos institucionales.