En una carta dirigida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fiscal general Francisco Barbosa solicitó medidas cautelares para que a él y a su familia se les garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad.
Todo esto nace a raíz de las denuncias hechas en días recientes, las cuales señalan que existiría un plan orquestado para atentar contra la vida del Fiscal General de la Nación por parte del ELN.
“La solicitud de medidas cautelares fue radicada con fundamento en los hechos de relevancia y gravedad que se han venido presentando como la existencia de un plan para atentar en contra del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, por parte del Grupo Armado Organizado al margen de la Ley autodenominado Ejercito de Liberación Nacional (ELN)”, sostiene un comunicado emitido por el ente investigador.
Indica que si bien la Oficina del Alto Comisionado para la Paz desestimó el plan, tres fuentes distintas de carácter oficial constatarían la estratagema para atentar contra Barbosa.
La Fiscalía también cuestionó el incremento en el riesgo del funcionario como consecuencia de un “ejercicio autónomo e independiente”, pero sin que haya un aparato suficientemente robusto para protegerlo y garantizar su vida y sus derechos fundamentales, así como los de su grupo familiar.
Frente a esto, el Ejército de Liberación Nacional había salido a desmentir las afirmaciones sobre el supuesto plan. Pese a las pruebas de inteligencia militar, desde el grupo subversivo indicaron que esta información ha sido publicada con la única intención de perturbar el proceso de paz en curso con el gobierno del presidente Gustavo Petro, así como el cese al fuego bilateral iniciado recientemente entre ambos.
“Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN”, aseguraron los guerrilleros por medio de Twitter.
Pero la Fiscalía reiteró la veracidad del supuesto plan y, de hecho, citó al general Luis Ospina, comandante del Ejército, para que preste declaración jurada sobre la estrategia terrorista dirigido contra el Fiscal General.
De otro lado, el comunicado que emitió hace pocos minutos la Fiscalía resalta que además existe una campaña de desprestigio en contra de la figura de Barbosa. Por una parte, esto se ve materializado en “más de 100 denuncias temerarias, entre otros hechos, por sedición, ‘traición a la patria’, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares como las llamadas autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo”.
Lo otro tiene que ver con lo que está ocurriendo en las redes sociales, donde, según el ente investigador, diferentes sectores sociales y políticos patrocinados por el Estado estarían obstaculizando y cuestionando el accionar de la entidad y el funcionario a su cargo. Pero la Fiscalía fue más allá y dijo que estas situaciones desembocan en “agresiones institucionales, como manifestaciones que terminan en actos de vandalismo contra los bienes públicos de la entidad”.
En el comunicado emitido por este organismo también se resumió la agenda que ha cumplido en días recientes el Fiscal General en suelo norteamericano, donde “se reunió con el secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jorge Almagro, para dialogar sobre los avances y logros obtenidos por la entidad en materia de justicia transicional, la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además la investigación y la judicialización de las afectaciones contra defensores de Derechos Humanos en el país”.
Además, se llevaron a cabo reuniones, justamente, con diferentes funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encuentros en los cuales “se abordaron temas de afectaciones a los Derechos Humanos” en el país.