La Fiscalía General de la Nación acusó del delito de interés indebido en la celebración de contratos a nueve exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), debido a las decisiones que tomaron frente a la viabilidad de varios “otrosíes” del contrato de concesión de la Ruta del Sol II.
De acuerdo con el ente investigador, los sindicados, dependiendo del cargo y labor que desempeñaban en 2010 en la ANI, participaron en la “elaboración y aprobación de los estudios de conveniencia y oportunidad” y “firmaron y aprobaron las actas de comité que recomendaron suscribir los otrosíes”.
Además, fueron los encargados de proyectar y aprobar las “adiciones” que fueron beneficiosas para la concesión que hacía parte de la empresa brasileña Odebrecht.
Según lo informado por la Fiscalía en un comunicado, las adiciones materia de investigación son las siguientes:
- Otrosí 4, firmado el 28 octubre de 2013, el cual modificó las condiciones financieras y plazos de ejecución de varios tramos del proyecto, lo que representó el no cobro de multas al contratista, por concepto de procesos sancionatorios.
- Otrosí 5 y 8, suscritos el 19 diciembre de 2013 y 23 diciembre de 2014, respectivamente. Estas adiciones permitieron incluir en el contrato original la ejecución de un corredor de acceso a Puerto Boyacá (Boyacá), que no estaba proyectado, sin la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Politica Económica y Social (Conpes), y sin actualización del proyecto en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión (Bpin).
- Otrosí 7, suscrito el 15 de mayo de 2014, el cual modificó la forma de pago, mejorando el flujo de caja del concesionario, privando al Estado de percibir rendimientos financieros.
- Otrosí 9, suscrito el 4 de diciembre de 2015. Modificó nuevamente la fórmula de pago y reconoció los puentes como estructuras independientes contrario a lo pactado, privando al Estado de percibir rendimientos a su favor.
- Otrosí 10, celebrado el 3 noviembre de 2016, que eliminó la adecuación de senderos peatonales y la rehabilitación de la calzada existente en un tramo entre Puerto Salgar y Caño Alegre (Cundinamarca). Por no realizar esta obra se descontó al concesionario 19.976 millones de pesos; sin embargo, se constató que la suma real del descuento debía ascender a $ 65.395 millones.
Entre los acusados por la Fiscalía están Andrés Figueredo Serpa, exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno; Daniel Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros; Emerson Durán Vargas, exgerente financiero; y Jorge Huertas Luna, experto de la vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno.
Además de Iván Mauricio Fierro Sánchez, exvicepresidente de Estructuración (e); Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero; Yasmina del Carmen Corrales Peternina, experta de gestión contractual; David Leonardo Montaño García, profesional experto; y Mauricio Orlando Castro Castaño, exgerente de Riesgos.
La Fiscalía aseguró tener en su poder “material probatorio contundente” para demostrar la presunta “actuación ilegal” de estos exfuncionarios.
Con información de Colprensa.