La Fiscalía General de la Nación capturó en las últimas horas al alcalde de Dosquebradas, Fernando José Muñoz, y 10 personas más porque presuntamente desde 2016 se habría apropiado de recursos que estaban destinados al manejo de las basuras en ese municipio. 

Entre los detenidos están Jonathan Ómar Barrientos Patiño, exsecretario de Planeación de Dosquebradas (Risaralda); Julián Alberto Carrizosa Montoya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental; Elkin Mauricio Arboleda Pérez, profesional de la Secretaria de Planeación de Dosquebas; Luis Fernando López Mustafá, director operativo de Gestión Ambiental; Carlos Elías Márquez Valencia, director operativo de gobierno; Jeniffer Londoño Rivera y Julián Andrés Valencia Arias, administradores de la Cooperativa Multiactiva de Recicladores del Eje Cafetero y Norte del Valle (Corecv).

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Del mismo modo, fueron detenidos: Rita Inés y Juan Carlos Velásquez Cifuentes, y Jenny Tatiana Castro Duque, quienes eran representantes de la Fundación Visión y Asociación de Gestión y Cooperación para el Desarrollo.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones arrojaron irregularidades en cuatro convenios suscritos entre la Alcaldía de Dosquebradas y un contratista específico a quien le fueron adjudicados la recolección de transporte y disposición final de residuos especiales de basura, el manejo de escombros, el mantenimiento de pozos sépticos en sitios rurales y actividades de tenencia de animales.

Para Alberto Salas, director especializado Contra de la Corrupción, la red criminal habría creado varias entidades fachada sin ánimo de lucro, las cuales no tenían experiencia en las labores que se les iban a encomendar, ni tampoco tenía la capacidad técnica para desarrollar dichas iniciativas de la administración municipal.

“Todas las asociaciones eran representadas por una misma familia. En este caso toda la corrupción, presuntamente, era coordinada por una misma persona, quien era la encargada de conseguir la documentación falsa para presentar sus empresas a los procesos contractuales y dar apariencia de legalidad”, dijo el director.

Las investigaciones de la Fiscalía también pudieron constatar que los 11 capturados habrían elaborado cotizaciones, certificaciones de experiencia, conceptos sanitarios, informes de actividades y actas de supervisión falsas, con lo que supuestamente se apropiaron de, al menos, 1039 millones de pesos.

Por estos hechos los detenidos deberán responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimento de los requisitos legales, falsedad en documento privado, uso de documento falso, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros y concierto para delinquir agravado. Los servidores públicos detenidos son señalados por la Fiscalía como coautores de dichos delitos y los particulares como intervinientes.