La Fiscalía pedirá imputación de cargos y detención domiciliaria contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntas irregularidades en millonarios contratos. La investigación denominada Robo de Magdalena también cobija a los exgobernadores Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes.
Una de las diligencias será contra el exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych, dos más contra la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga, y tres en contra del exalcalde de Santa Marta y actual gobernador del departamento, Carlos Eduardo Caicedo Omar.
El ente judicial tomó esta decisión por presuntas irregularidades en cinco contratos, 457 mil millones de pesos, de los cuales ya se habrían perdido más de 74 mil millones.
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Para la Fiscalía, hay suficientes pruebas y evidencias físicas de malversaciones en contratos, entre 2013 y 2019.
“En ese sentido, se priorizó el caso investigativo denominado ‘Robo de Magdalena’, que permitió obtener suficientes pruebas y evidencias que dan cuenta de que en ese departamento habrían sido orientados de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco contratos que superaron en valor los $457.670′682.703″, advierte el comunicado de la Fiscalía.
El gobernador Caicedo, contra quien la Fiscalía pide medida de aseguramiento con detención domiciliaria, será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Imputación a exgobernadores
A Luis Miguel Cotes se le investiga por el contrato para el mejoramiento de la vía Palermo - Sitionuevo - Remolino – Guáimaro (Magdalena), por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.
A Rosa Cotes de Zúñiga, por celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que significaron más recursos para el constructor. Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos.
Los dos serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.
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A Cotes de Zúñiga, también se le investiga porque tramitó y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el trámite contractual se hizo de manera directa y sin concurso de méritos. También se constató que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una
consultoría.
Las pruebas contra Caicedo
Igualmente, se indicó que los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia encontraron mérito suficiente para presentar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al exalcalde de Santa Marta y actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, para que responda a las solicitudes de audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, por tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.670 millones de pesos.
Los casos que le investigan posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del “30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años. La Fiscalía imputará al señor Caicedo Omar los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público”.
Otro caso es que el 1 de abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos.
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Adicionalmente, el contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022. Será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.
El tercer caso es es se identificó presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un
contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por valor de 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fue detectado un posible peculado de 690 millones de pesos, materializado en sobrecostos.