Las pruebas presentadas en juicio por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción permitieron a un juez penal de conocimiento condenar esta semana al técnico de automotores de la Policía Nacional Reinaldo Barón Durán, a 10 años de prisión como responsable de los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público agravado.
El hoy sentenciado, entre 2010 y 2012, usó el cargo que desempeñó en Bucaramanga (Santander) para expedir documentos falsos que acreditaban la pérdida total de camiones y tractocamiones por accidentes de tránsito. En el curso de la investigación se constató que emitió esos conceptos sin realizar los peritajes y las pruebas técnicas de rigor, y citando siniestros y eventos que nunca ocurrieron.
Con los documentos espurios que generó el exfuncionario, una red delictiva obtuvo ante el Ministerio de Transporte certificaciones para chatarrizar vehículos de carga y autorizaciones para matricular automotores nuevos por reposición. Barón Durán deberá cumplir la pena en centro carcelario.
En hechos aislados, a finales del mes de junio, tres policías que prestaban su servicio en Medellín habrían fraguado un montaje para cobrarle una gruesa suma de dinero al conductor de un carro adscrito a una aplicación y luego se habrían valido de un joven para culminar su delito.
Por eso, un juez dictó medida de aseguramiento intramural para uno de ellos y detención domiciliaria para los otros dos.
El patrullero Juan Pablo Arboleda Gutiérrez fue señalado en la audiencia de imputación por los delitos de concusión, obtención de documento público falso y uso de menores para la comisión de delitos, según detalló la Fiscalía, y por eso mientras se desarrolla la investigación deberá permanecer entre rejas.
Entre tanto, Duván Ferney Morales Cárdenas y Hernán Darío Osorio Bermúdez, que estaban vinculados con la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, serían responsables de concusión y privación ilegal de la libertad.
En la audiencia se contó que el 7 de mayo del año pasado los uniformados habrían retenido de forma ilegal al conductor de un auto que laboraba usando una aplicación digital en el barrio Santander (noroccidente de Medellín) y le increparon de utilizar el vehículo para transportar a los autores del robo de una moto en Bello.
Luego lo llevaron a una estación de policía y allí lo habrían intimidado para que les entregara 10 millones de pesos o les traspasara el auto a cambio de no judicializarlo.
Al día siguiente, el conductor cedió y llamó al dueño del carro, quien, atemorizado, les entregó su bien. Para legalizar el ilícito, a mediados de julio Arboleda habría convencido a un joven de 17 años para que consiguiera un documento falso de la Secretaría de Movilidad de Envigado, necesario para traspasar el vehículo. Las autoridades determinaron que la moto hurtada era de un hermano del patrullero Arboleda.
Cabe decir que en mayo de este año, el general William René Salamanca asumió como nuevo director de la Policía Nacional y en su discurso destacó que llegó a la institución para fortalecerla, por lo que desde el primer momento lideró una estrategia para luchar contra la corrupción y atacar así los fenómenos criminales al interior de la misma Policía.
Salamanca es recordado, entre otros motivos, porque fue testigo de una investigación disciplinaria de un caso de corrupción en la contratación de unas casas fiscales de San Luis, Tolima, contra el entonces director de la Policía, Óscar Atehortúa.