Miembros de la Fiscalía se retractaron de las declaraciones con las que se afirmaba que durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985 no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas.

Así lo indicaron varios asistentes a la audiencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, sesionó en Bogotá este viernes para hacer seguimiento a la sentencia proferida contra del Estado por este hecho.

El abogado Eduardo Carreño, representante de estas familias, dijo que uno de los puntos en los que se ahondó fue en la ausencia de la investigación de lo ocurrido entre el 5 y 6 de noviembre de 1985.

"Se reconoce que la investigación sobre la identificación de los cadáveres está limitada a lo que se encontró en la fosa común, que fue llevado por los mismos jueces penales militares y por la Policía Nacional para ocultar toda evidencia en el proceso. Eso se evidencia en la entrega de restos sobre los que existía dudas en la identificación", anotó el jurista desde la Universidad del Externado.

Añadió que se habló de que las entregas de despojos "se hicieron de mala fe" y esas actuaciones, a las que calificó de deliberadas, son las que aún no sido investigadas penalmente.

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Otra de las situaciones que señaló como intencionadas fue la presunta omisión de las autoridades de la época de quienes dijo que ya sabían del plan de la guerrilla para asaltar el Palacio de Justicia y que no hicieron nada para salvaguardar la vida de los magistrados, de los funcionarios y de los visitantes que allí se encontraban.

"Toda la planificación previa del ingreso del M-19 era conocido por la Fuerza Pública. En los documentos del Departamento Tres del Ejército y de la Dijín, que fueron descubiertos en la investigación, se demuestra que por lo menos tres meses antes de la toma se conocían estos hechos", anotó.

Sobre las declaraciones dadas por uno de los fiscales asignados a la investigación por estos hechos en el sentido de que no hubo personas desaparecidas tras la Toma al Palacio, Carreño señaló que en la audiencia se habló del tema por parte del fiscal titular que manifestó que hizo la aclaración pertinente y reconoció “que sí hay casos de desaparecidos”.

"La postura es que van a investigar la desaparición forzada, no solamente la desaparición. En la audiencia sí aceptó esa tesis, contrario a lo que dijeron sus auxiliares y lo que dijeron en Medicina Legal”, sostuvo Carreño.

Hablaron las víctimas

A su turno, Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez, uno de los desaparecidos, tomó la vocería de los familiares de las víctimas, dijo a manera de conclusión que “el Estado no está preparado y no sabe cómo asumir estos retos cuando hay crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales”.

En sus declaraciones señaló que sorprende la postura de la Fiscalía de quien dijo tiene un discurso para los medios y otro ante los jueces de la Corte Interamericana de derechos Humanos.

“Frente a estos últimos dicen ‘estamos avanzando en los procesos de investigación’, ‘estamos haciendo las cosas para determinar quiénes son los responsables de las desapariciones forzadas’, pero lastimosamente en la vida real, lo que vemos en sus actuaciones es que no existe tal avance”, denunció.

Reveló que ante los jueces de la Corte IDH le manifestaron la incomodidad que han sentido de parte de una “Fiscalía negligente” por las más recientes declaraciones y, en general, de las actuaciones del Estado colombiano tras la providencia de esa instancia proferida en 2014.

“Le pedimos a la Corte una veeduría internacional para que se verifique que sí se están llevando los procesos de búsqueda e identificación de responsables como debe ser y los avances en el expediente”, expuso.

Concluyó que insistirán en que se busquen a los responsables de las desapariciones forzadas ya que, como se ha evidenciado en las grabaciones de la época, varios de los que hoy son buscados por sus familiares salieron con vida del Palacio de manos de militares y policías hasta la Casa del Florero, que se convirtió en una especie de sede alterna del comando del Ejército.

“Para nosotros, y eso está en el proceso, los militares son los responsables, las Fuerzas Armadas que estaban en ese momento y que hicieron la retoma del Palacio de Justicia. Que la Fiscalía tenga las agallas de vincularlos, procesarlos y condenarlos en derecho a través de la justicia ordinaria”, puntualizó.

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