Un juez de control de garantías envió a la cárcel nacional Las Mercedes de Montería al sacerdote Carlos Carvajal Galvis, sindicado de acceso carnal abusivo de una niña de 13 años, en el municipio de San Bernardo del Viento, zona costanera del departamento de Córdoba, donde oficiaba como párroco.

En la audiencia, el juez analizó y avaló las pruebas presentadas por el fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, entre las cuales hay un testimonio en el sentido que el sacerdote había solicitado a la menor que fuera a la casa cural para medirle un vestido, con el cual debe cumplir sus funciones de auxiliar en las misas.

De acuerdo con el ente investigador, el 20 de febrero en curso, el padre de la víctima, quien denunció el hecho, encontró a su hija con un sangrado por lo que decidió llevarla al hospital San Bernardo del Viento.

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Allí los médicos le dieron atención inicial y por su complejidad decidieron remitirla al hospital San Vicente de Lorica donde fue intervenida quirúrgicamente y los especialistas informaron que la menor, al parecer, había sido abusada.

Tras la entrevista forense, la menor contó que ese mismo día, en horas de la tarde presuntamente el sacerdote señalado la había tomado por la fuerza en la casa cural y allí la habría abusado.

Como se recordará, el sacerdote se entregó el pasado 4 de marzo y de inmediato fue puesto a órdenes de la autoridad competente. En la audiencia que se realizó este lunes 7 de marzo, la cual se hizo de manera virtual, el juez dijo que representa un peligro para la sociedad y también podría obstruir el desarrollo normal del proceso.

El sacerdote, quien era el párroco de la iglesia La Inmaculada, no pidió los cargos que le imputaron, mientras que los familiares de la menor señalan que él mismo fue a buscarla a la casa para que se midiera el vestido.

Inicialmente en el municipio circuló la versión que el sacerdote habría obligado a la niña a practicarse un aborto y que los médicos habían manifestado que tenía una perforación en la matriz. Sin embargo, esta versión no se mencionó en la audiencia.

El padre de la niña contó a las autoridades lo que ella les había manifestado y según esa versión, ese día fue que ocurrieron los hechos, señalados en la denuncia.

El sacerdote, quien fue suspendido del cargo por parte de la Diócesis de Montería, deberá enfrentar un proceso judicial que podría mantenerlo cerca de 20 años en la cárcel.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar siguen atendiendo los requerimientos de la menor y brindando el acompañamiento necesario para restablecer sus derechos.