"La Policía se queda en el Ministerio de Defensa". Así, de forma contundente, fue la respuesta del ministro de Defensa, Diego Molano, al ser interrogado sobre las recomendaciones entregadas al Gobierno Nacional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En diálogo con Colprensa, el funcionario insistió en que sí se respeta y se garantiza el derecho a la protesta pacífica, porque durante el paro nacional se presentaron más de 14.000 actividades de manifestación pacífica en 800 municipios y la Policía hizo el respectivo acompañamiento.

Pero, agregó, se registraron 1700 hechos de violencia y vandalismo que afectaron la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, dejando 1500 lesionados y 1700 policías heridos, al igual que más de 300 estaciones de Policía afectadas.

Algunos expertos coinciden con la CIDH en que la Policía debe pasar al Mininterior, por sus actuaciones en contra de los Derechos Humanos. ¿Mantenerla en el Mindefensa se convirtió en un punto de honor?

La Policía se queda en el Ministerio de Defensa, es una razón histórica y yo creo que la CIDH no tendría competencia para hacer una recomendación en el orden institucional, que es una definición de la estructura del Gobierno colombiano, que es soberano e independiente.

Son varias las razones: primero, histórica e institucional, porque en aquellas épocas en que la Policía estuvo adscrita a sectores políticos, vimos el nivel de violencia que se generó, cuando para poder ascender usted tenía que pertenecer a alguna casa política. A esas épocas no queremos volver y se tomó la decisión, desde casi la mitad del siglo pasado, de que la Policía estuviera en el Ministerio de Defensa.

Lo segundo es que está claramente establecido por la Constitución que la Policía tiene un carácter civil y un propósito de orden social y de convivencia y, a pesar de que esté dentro del Ministerio de Defensa, esto no significa que el mando militar está por encima del mando civil. De hecho, el ministro es un civil y el director de la Policía reporta directamente al ministro.

Lo tercero es que la Policía en Colombia es única, debido a los factores de amenaza, es decir, tiene funciones en la lucha contra el narcotráfico, entre otras, y esa realidad hace que históricamente hayamos tenido una Policía multifuncional, la cual es muy importante frente a las amenazas que aún se tienen en el país.

El informe de la Comisión critica la forma cómo se manejaron los bloqueos en el país. ¿Qué opina?

No compartimos la apreciación frente a que un corte de ruta, como lo denomina la CIDH, pueda ser un mecanismo de manifestación pacífica. Lo que vimos en Colombia con los bloqueos que, están tipificados como un delito en el Código Penal, fue una afectación grave a derechos de terceros. Los bloqueos en la vías tuvieron afectaciones en la vida, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de combustible para el funcionamiento de la economía. Aun hoy, hay micro, pequeñas y medianas empresas cerrando por los efectos de los bloqueos, lo cual es inaceptable.

El informe recomendó reformar el decreto de asistencia militar, porque le permitió a la Policía usar desproporcionadamente la fuerza. ¿Cómo funcionó realmente?

La asistencia militar que utilizamos está establecida en la ley colombiana y lo que hizo fue trabajar en conjunto para asistir a la Policía en garantizar y restaurar el orden público y la convivencia. Es una asistencia en apoyo a la Policía, en donde hubo graves afectaciones al orden público por la violencia que se generó en algunos bloqueos o en sitios estratégicos cuando se dieron afectaciones a sistemas de transporte público. También protegió los patios de Transmilenio, las estaciones del MÍO, las estaciones eléctricas en el caso de Yumbo y las estaciones de gasolina.

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Agrega que los traslados por protección se han convertido en centros de tratos crueles...

El traslado por protección es una medida preventiva y policiva, no de judicialización, y permite tomar acciones de prevención de futuros riesgos que pueda tomar un ciudadano. Ese código está totalmente reglado de cómo maneja esta protección y en las ciudades es manejado por las alcaldías y hay acompañamiento de la Defensoría. Además, existen registros que deben ser llevados con unos protocolos claramente establecidos y todos fueron aplicados. Pero si en algún momento se llegó a cometer un acto irregular individual, pues deberá ser verificado.

Tras la muerte de un menor en un bombardeo en Caquetá revivió la discusión sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario...

Se hizo un operativo militar frente a una de las estructuras de las disidencias de las Far que tiene graves afectaciones en la zona de Caquetá, especialmente en San Vicente del Caguán. Allí fueron neutralizadas cinco personas y en un combate fueron heridas dos, entre ellas un menor de edad que fue reportado. Esto significa que la operación fue legítima, porque se hizo en el marco del Derecho Internacional Humanitario, para miembros de una estructura criminal que tiene mando y control en la región, puede afectar la vida de soldados y además se consideran combatientes. Pero la discusión tiene que ser sobre quienes reclutan a los menores, los usan, los instrumentalizan y los buscan deshumanizar.

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En los dos ataques en Cúcuta se expresaron temores por fallas en la seguridad e incluso una posible infiltración. ¿Qué se ha hecho para prevenir nuevos ataques?

Los dos son inaceptables. En primer lugar, porque el ataque al helicóptero del Presidente de la República, que buscaba generar inestabilidad, es un ataque cobarde, y el otro es un atentado a los soldados de Colombia. Se han tomado medidas para evitar que esto vuelva a suceder, como realizar un proceso para recomponer el esquema de seguridad y control territorial en Norte de Santander. También se decidió nombrar un comandante único y específico para este departamento, para que la estrategia de seguridad y control y desmantelamiento de estas organizaciones tengan mayor efectividad.

Además, se relevaron del cargo a siete de los responsables de la seguridad de estos lugares, de los cuales cuatro fueron llamados a calificar servicios esta semana y, por supuesto, el objetivo es reforzar las medidas de entrada y salida de las instalaciones militares, no solo en Norte de Santander sino en todo el país, fortaleciendo la tecnología. También se reforzarán los esfuerzos de inteligencia para poder prevenir cualquier otro ataque terrorista.

Usted ha dicho que el ELN y las disidencias de las Farc planean infiltrarse en las marchas del 20 de julio para generar actos vandálicos. ¿Que información tiene al respecto?

Hay información de inteligencia militar que señala el interés del ELN, con su frente urbano, y de las Disidencias de las Farc de Marquetalia, las cuales han venido trabajando para poder financiar algunos de los grupos que quieren movilizarse, para generar violencia y vandalismo. Sobre esta información hemos actuado y, donde corresponde, se desarrollarán procesos judiciales.

También nos han entregado información sobre algunas caravanas que vienen desde Pasto, pasarán por Popayán y tienen como destino final Bogotá. Estas tienen como objetivo realizar unas actividades específicas en la capital de la República.

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Usted ha dicho que ya hay un borrador del proyecto de ley contra el vandalismo. ¿Cuáles son los puntos más importantes?

Lo que se plantea con esta ley es desarrollar mecanismos para que se proteja la manifestación pacífica, a través de tipificar nuevos delitos que pueden afectar esa manifestación. Hemos encontrado, por ejemplo, cuando son capturadas personas que destruyen un vidrio de una estación de Transmilenio, cómo las penas no son de más de cuatro años, quedan en libertad, porque son excarcelables, entonces se requieren penas más severas o poder tipificar un delito como el ataque a servidor público, que es de forma grave y severa.

O poder tipificar la sistematicidad de estos delitos. Muchas veces se piensa que no pasa nada con lanzar una piedra a un Transmilenio, pero cuando sistemáticamente cien personas lo hacen, destruyen un sistema. ¿Quién responde por eso?

¿En qué van los proyectos para reformar la Policía Nacional?

La reforma a la Policía, que se llama Proceso de Transformación Integral, tiene tres caminos: el primero son dos proyectos de ley, uno de profesionalización de la Policía, que se encuentra en discusión en el Congreso, y el segundo, que se presentará el 20 de julio, es la actualización de las normas y las sanciones disciplinarias de un código que venía desde el 2006. El segundo camino, que es la estructura de la Policía, es un decreto que saldrá a mediados de este semestre, y el tercer camino, que es la reforma del servicio de seguridad ciudadana, ya avanzó con los planes piloto en siete ciudades.