Durante los últimos días, el país ha seguido consternado por los más recientes hechos de violencia que le han quitado la vida a menores de edad, lo cual ha generado que se exija más penas contra los victimarios. Entre estos casos se destacan el de Sofía Delgado en Candelaria (Valle del Cauca) y el de los hermanos Santy Steban Beltrán y Susán Beltrán en Bogotá.
Ante el debate por la controversia en la reforma judicial sobre la posible rebaja de penas para aquellas personas que cometan delitos contra menores de edad, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dio a conocer que el Congreso de la República tendrá la última palabra sobre el artículo 7 de la reforma a la justicia, que es aquel que propone la rebaja del 25% en las penas para agresores de menores de edad si aceptan los cargos.
No obstante, algo que causó sorpresa para muchos en sus declaraciones fue que el mismo Gobierno Nacional estaría dispuesto sin ningún problema a retirar el artículo.
“Dentro de ese contexto yo creo que es importante entender que hay gente que a raíz de muchas cosas piensan equivocadamente que se está favoreciendo la situación, cuando lo que se quiere es imponer una pena. Pero no tendría ningún inconveniente (con retirarlo)”, aseguró Buitrago en una declaración a varios medios de comunicación en las instalaciones del Tribunal Superior de Bogotá.
Como bien se dijo, esta propuesta de artículo ha generado una división de opiniones en la sociedad colombiana. Y es que mientras algunos consideran que la rebaja de las penas busca reducir la impunidad en los casos de abusos contra menores de edad debido a que su resolución tendría agilidad, los que están en contra creen que no debe de haber rebajas de penas por la gravedad y la dimensión del delito.
De hecho, una de las autoridades del poder judicial en Colombia que ha pedido que el artículo 7 de la reforma judicial sea eliminado ha sido la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Los magistrados de este tribunal sostienen que el problema no se derrota con una rebaja de condenas, por lo que se trata de un tema social.
En la misma línea, la procuradora Margarita Cabello lo rechazó señalando que la propuesta del artículo ocasionaría un efecto contrario a la búsqueda de justicia.
“La rebaja planteada no es un elemento fundamental para lograr decisiones judiciales en firme y rápidas. (...) Podría generar en la sociedad una percepción de menor gravedad para este tipo de delitos, lo cual no queremos fomentar”, indicó la jefe del ente de control.
Finalmente, es importante resaltar que hasta el momento no se ha presentado consenso entre los autores de este proyecto de ley (la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra) con los senadores ponentes de la Comisión Primera.