En un documento compartido a los medios de comunicación, el Gobierno respondió a algunas inquietudes sobre el proyecto para reformar la política criminal y penitenciaria.

De acuerdo con las explicaciones del Gobierno, el proyecto busca superar el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional frente al sistema penitenciario y que este cumpla verdaderamente con su fin de resocialización, para que los reclusos se vuelvan a integrar a la vida social.

"Lo hace a través del uso de las herramientas actualmente vigentes en la ley penitenciaria, seguido por un principio elemental: a mayor avance del individuo en su resocialización, siempre que tenga una conducta ejemplar en prisión, podrá progresivamente irse reincorporando a la sociedad a través de la obtención de permisos que serán ordenados por jueces", dice el documento.

Entre los interrogantes resueltos por el Gobierno, se precisa que los permisos para que los reclusos puedan salir de la cárcel en el día para ir a trabajar y regresar en la noche, se entregarán a personas que ya hayan cumplido una parte significativa de su pena.

Además, señala que quienes incumplan tendrían que regresar a la cárcel, sin ningún beneficio.

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De acuerdo con el Gobierno, actualmente en Colombia cerca de 3.000 personas privadas de la libertad tienen acceso al beneficio administrativo de 72 horas.

A los beneficios no podrá acceder ningún condenado por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, ni los condenados por delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Tampoco los responsables de delitos contra la administración pública, delitos cometidos por la criminalidad organizada o delitos graves de seguridad ciudadana.

También se señala que la intención del Gobierno es eliminar el delito de incesto. Este delito actualmente tiene una pena de 1 a 4 años, pero de acuerdo con el proyecto, puede manejarse como un delito de acceso carnal violento agravado cuando la víctima sea menor de edad. Eso haría que el delito no sea excarcelable, pues tiene una pena mínima de 40 años.

“Este no es un proyecto de excarcelación ni muchísimo menos un proyecto de impunidad. Es un proyecto que está centrado en restablecer el derecho a las víctimas, favorecer la resocialización de las personas privadas de la libertad y establecer un grado de actividades de las personas privadas de la libertad que les permitiría irse reincorporando a la sociedad”, manifestó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.