Las autoridades colombianas incautaron 30 unidades de maquinaria y una draga, que eran utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento del Cauca.
La operación se desarrolló en la vereda Temuey, en los sectores de Patidero y Río Napi, ubicados en la zona rural del municipio de Guapí, hasta donde llegaron los integrantes de la Fuerza Pública para intervenir ocho frentes mineros.
El material incautado y decomisado fue puesto a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). Durante la operación no se presentaron capturas.
En la acción se incautaron 3.734 trozos de madera, que equivalen aproximadamente a 160 metros cúbicos y seis unidades de maquinaria empleada en la minería ilegal. Así mismo, se decomisaron 24 unidades de maquinaria y una draga para la extracción fluvial de yacimientos mineros.
Minería ilegal de oro ya genera el 63% de la producción del país
Según las cifras del Ministerio de Defensa, en lo corrido del gobierno del presidente Gustavo Petro, las Fuerzas Militares han evitado que los grupos de minería ilegal obtengan ganancias por cerca de 400.000 millones de pesos.
De acuerdo con la entidad, durante los últimos siete meses se ha evitado la extracción de, al menos, 1,4 toneladas de oro de minas ilegales, las cuales se encuentran principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y la Amazonía.
Durante esta administración, las autoridades lograron la incautación y destrucción de 894 unidades de maquinaria utilizada para la extracción de minerales, y con ello se impidió la utilización de cerca de 7.146 kilogramos de mercurio para la extracción del oro, mineral que tras el proceso de extracción termina contaminando los ríos aledaños a las zonas de extracción.
Estas cifras corresponden a lo que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante la presentación de la política de seguridad y defensa del Gobierno Nacional, calificó como una de las prioridades de la Fuerza Pública, dado que es una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones ilegales, que ya supera a los ingresos generados por el narcotráfico.
“La gran minería ilegal es una fuente gigantesca de financiamiento de estas estructuras armadas y probablemente de otros dueños que están detrás de esas estructuras”, manifestó el Ministerio.
Las cifras, sin embargo, palidecen cuando se comparan con la magnitud de este negocio ilícito, según los cálculos hechos por diferentes estudios.
En un reciente informe, la Contraloría General de la Nación estimó que la minería ilegal de oro en el país produce cerca del 63% de las 53 toneladas que anualmente se explotan en Colombia, es decir, por lo menos más de 30.
“En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los $5 millones, un kilo de oro ilegal está por el orden de $250 millones, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado y hoy esté contaminando de una manera crítica, no solamente el río Atrato en el Chocó sino también muchos otros ríos, lo que beneficia solamente a unas 4 a 5 grandes organizaciones criminales”, aseguró el Contralor Delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado.
Según datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la unidad especial que se encarga de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, se estima que el mercado del oro ilegal mueve unos $10 billones anuales en el país, lo cual no difiere mucho de lo estimado por el Departamento de Planeación Nacional, que estima que la minería ilegal podría generar entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares en ganancias anualmente, que, con el cambio de dólar, es una suma equivalente.
Y pese a esta magnitud, toda la producción proviene en su mayoría de unidades de explotación pequeñas. Un censo realizado por las autoridades muestra que, de las 10.384 minas más pequeñas reseñadas, 6.812 funcionan de forma ilegal. Es decir: la atomización del negocio dificulta aún más el control.
Informes de las autoridades reportan que en al menos 400 municipios, de los más de 1.100 que hay en el país, se presentan actividades de minería ilegal.