Este miércoles la Fiscalía anunció que imputará cargos a varios funcionarios y contratistas en el país tras la investigación de irregularidades de contratación denunciadas durante la emergencia sanitaria suscitada por el coronavirus en Colombia.

Entre ellos figuran la secretaria de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle, Nataly Toro Pardo; y el representante legal de la Corporación para el Desarrollo del Departamento (Corpovalle), Adrián Fernando Zamora.

Además, se imputará al Gobernador del Chocó, a cuatro alcaldes, dos oficiales y un suboficial del Ejército Nacional.

Asegura el comunicado que las "acciones investigativas y judiciales de la estrategia conjunta de la Fiscalía, la Contraloría, y la Procuraduría, arrojan resultados contundentes para la defensa de los recursos públicos destinados a la atención de los colombianos afectados por la emergencia".

Lea además: Superintendencia de Comercio anunció que vigilará la jornada del día sin IVA

De acuerdo con el ente investigador fueron verificados en las dos últimas semanas "180 nuevos contratos que se suman a los más de 3 mil revisados en el marco del plan denominado ‘Transparencia por la emergencia'".

Indicaron que "se abrieron 177 indagaciones por hechos de corrupción detectados en los 32 departamentos del país".

Los mandatarios locales que tendrán medida de aseguramiento por estos hechos son Jorge Augusto Tobón Castro, de Necoclí (Antioquia); Édgar Augusto Gallego Arias, de Barbosa (Antioquia); Donaldo Ortiz Cárdenas, de San José de Miranda (Santander); y Víctor Candelo Reina, de El Charco (Nariño).

Además, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, que actualmente está suspendido de su cargo.

Se le investiga como presunto responsable de delitos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, y lavado de activos.

En los próximos días se tomarán otras decisiones por conductas penales relacionadas con corrupción durante el estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica, informó la Fiscalía.