La Fiscalía General de la Nación imputó a Álvaro José Salazar, José Eduardo Cortés y José Olmedo Manjarrez, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, administración desleal, hurto agravado por la confianza, estafa en la modalidad masa y falsedad en documento privado, lo anterior por una presunta estafa a más de 90 personas en Cali por la compra y venta de locales en un centro comercial que nunca se construyó.
Los hechos investigados están relacionados con la promoción de un proyecto de construcción de un centro comercial en Cali, Valle del Cauca, entre los años 2013 y 2018, y la venta de locales y otras áreas sin contar con los recursos económicos para ese fin.
“El megaproyecto contaría con hotel, restaurantes, bancos, consultorios médicos, entre otros establecimientos, además de 1.800 parqueaderos. En total fueron ofertados 340 inmuebles para diferentes usos”, indicó la Fiscalía a través de un comunicado.
Por el momento han sido acreditadas 91 víctimas, entre ellas personas jurídicas y empresas reconocidas, prestamistas o inversores de capital y fideicomitentes que compraron y no vieron el fruto de su inversión, pues los hoy imputados habrían usado de manera indebida los bienes y recursos confiados para otros fines distintos a la ejecución del complejo comercial, indicó el ente investigador.
Según la fiscal del caso, “sencillamente el proyecto no tenía ningún futuro porque era necesario que cada quien aportara algo para que empezara ese proyecto y Álvaro José Salazar ante esa situación que enfrentaba José Olmedo Manjarrez no contaba con el dinero ni con la adquisición del terreno inicialmente para los primeros $600.000 millones preoperativos se dio a la tarea de ofrecer la consecución de dineros para, primero, pagar el lote y supuestamente posteriormente apalancar la construcción del proyecto”.
Además, habrían obtenido préstamos de inversores de capital, comprometido el patrimonio de fideicomitentes, entre otras conductas a través de las cuales defraudaron al público que respondió a la propuesta de inversión.
“Allí entra en juego toda esa reunión de personas con el fin de buscar esos recursos, pero aparte de buscar recursos y pretenden engañar a la gente que quiere adquirir las unidades inmobiliarias. Se dan a la tarea de crear contratos de compraventa utilizando terceros, ni siquiera esos terceros sabían ni conocían que se habían creado esos fideicomisos y menos que habían hecho compras de área de locales de restaurantes de marketing a nombre de ellos”, explicó la fiscal.
Los cálculos preliminares indican que la defraudación por estas conductas punibles superaría los $85.000 millones, de los cuales $24.000 millones presuntamente quedaron en manos de Manjarrez Valencia y $4.000 millones, al parecer, fueron apropiados por Salazar Romero.