Por: Laura Cortez Palacios/ Reportera de El País
La región amaneció este lunes con la triste noticia de que fueron encontrados los cuerpos de un hombre y su hijo, de 17 años, oriundos de Tumaco, quienes habían sido secuestrados en Jamundí el pasado jueves 30 de noviembre.
Los cadáveres fueron hallados en el corregimiento de Potrerito y las autoridades habían hecho mediaciones con la Disidencia Jaime Martínez de las Farc para su liberación.
De acuerdo con las primeras indagaciones, ambos residían en Cali, donde el padre era comerciante, y fueron interceptados mientras se transportaban en una camioneta de alta gama por las vías del corregimiento de San Antonio rumbo a su lugar de vacaciones, presuntamente en Villacolombia.
“Nos levantamos con la lamentable noticia de que encontraron dos cuerpos en el corregimiento de Potrerito. Desafortunadamente, las características de las personas corresponden al padre e hijo secuestrados el pasado jueves”, dio a conocer el mandatario a través de su cuenta de X, noticia que opacó la liberación de otros dos hombres que trabajaban en una constructora y fueron secuestrados desde el 29 de noviembre en el mismo municipio, pero recobraron la libertad el domingo.
Estos hechos se suman al homicidio de dos hombres, de entre 20 y 24 años de edad, el pasado 20 de noviembre, quienes departían en una fiesta. El primero fue encontrado en el municipio de San Antonio, a las 10:00 p.m., y el otro joven fue hallado en el corregimiento de Ampudia, dos horas y media después. Ambos habrían sido atacados por miembros de la Disidencia Jaime Martínez de las Farc.
“Esta es una situación que rechazamos de manera categórica. Nosotros reiteradamente nos hemos pronunciado y le hemos solicitado al Gobierno Nacional que nos incluya como una prioridad en sus políticas, porque tenemos un gran potencial turístico, pero necesitamos apoyo del nivel nacional para volver a ser un territorio en paz que cuida y protege la vida de cada ciudadano”, afirmó en conversación con El País la alcaldesa electa, Paola Andrea Castillo.
La mujer, que gobernará desde el próximo 1 de enero, aseguró que las capacidades municipales se han visto desbordadas, por ello, el mismo día de su posesión manifestó que hará presencia en un Consejo de Seguridad Metropolitano convocado por la gobernadora electa Dilian Francisca Toro, donde buscará soluciones conjuntas para la situación de orden público.
Para la exsecretaria de Seguridad de Cali y actual directora de proyección de la Universidad San Buenaventura, María Ximena Román, el estado de violencia en el área es “un retroceso innegable en la política de seguridad, que es prácticamente inexistente. Que nuevamente se esté presentando el fenómeno del secuestro genera zozobra, retrasa el desarrollo, vuelve a aislar las zonas rurales de nuestros municipios y vuelven el dolor y la angustia que padecen quienes son sus víctimas y sus familias”.
Uno de los factores que ha condicionado al actual estado de intranquilidad es “la presencia de grupos armados organizados en torno al narcotráfico y que ahora están en conflicto por los territorios donde hay cultivos, por las rutas y la comercialización de la droga”, indicó la experta.
Según ella, en el último año se agudizó la presencia de la disidencia Jaime Martínez en la ruralidad, lo que ha condicionado a actos violentos contra la población civil.
“Las capacidades de estos grupos deberían estar reducidas, pero se echa de menos el cumplimiento de sus deberes sobre este particular por parte del Gobierno Nacional, quien debe dirigir el actuar coordinado y articulado de las Fuerzas Armadas, la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación. Pretender que la Gobernadora del Valle o el Alcalde de Jamundí, solos, enfrenten esa situación sin una estrategia de combate efectivo al accionar delincuencial, es inviable e injustificable”, añadió.
Otro factor que destacó la exsecretaria de Seguridad fue la falta jueces en todas las disciplinas, pero especialmente, promiscuos o penales municipales, administrativos y de familia. Además, se requiere de un fortalecimiento de la Fiscalía y el CTI, para acabar con la sensación de injusticia e incertidumbre en los ciudadanos.
“Sobre todo, hace falta una estrategia nacional que combata al narcotráfico y a todos los delitos conexos, acompañados de una política social, rural, real y efectiva”, explicó Román.
La Alcaldesa electa concordó, por lo que invitó al Gobierno Nacional a acompañar la recuperación del municipio, sin embargo, aseguró que en su administración implementará todo lo que esté en sus manos para recobrar la tranquilidad, como la inversión en cámaras de vigilancia y acompañamiento a la Fuerza Pública.
“Hemos sido reiterativos en que la seguridad no es solamente la parte coercitiva, sino que demanda una inversión social para que haya una paz permanente, por ello requerimos invertir en educación, darles más oportunidades a nuestros jóvenes en generación de empleo, apoyo al emprendimiento y por supuesto en el buen aprovechamiento del tiempo libre con cultura, arte y deporte”, concluyó Castillo, haciendo hincapié en que la situación mejorará con una atención integral a la ciudadanía y no solo con el aumento del pie de fuerza policial.