La Procuraduría General abrió una indagación preliminar a Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal, por los términos que utilizó el mandatario este martes para referirse a un grupo de mujeres que adelantaban una manifestación. Según el órgano de control, no solo habría atentado contra sus derechos, sino que también habría incurrido en actos de discriminación e incluso, xenofobia.

Ante varios medios locales, el mandatario invitó a los hombres a "consumir producto colombiano", mientras se refería al supuesto aumento de la prostitución en el municipio por la llegada de mujeres venezolanas que se ven forzadas a realizar esta actividad.

La Procuraduría verifica si el mandatario incurrió en una falta disciplinaria con tal declaración.

"Con las declaraciones efectuadas el 6 de abril de 2021, presuntamente pudo incurrir conductas xenófobas, de estigmatización a las mujeres de nacionalidad venezolana que ejercen la prostitución en el Municipio de Yopal; asimismo, denigrantes contra la mujer y de promoción de la prostitución en la jurisdicción que gobierna, comportamiento que eventualmente comprometería su responsabilidad disciplinaria", señala el auto de apertura de indagación preliminar.

El ente de control requirió a la Secretaría de Gobierno de Yopal para que, en cinco días, remita un informe detallado de las acciones y actuaciones administrativas que ha adelantado la Alcaldía Municipal, respecto del ejercicio de la prostitución en la jurisdicción del Municipio.

Finalmente, el Ministerio Público recordó a todos los alcaldes y gobernadores del país la necesidad de que en las agendas públicas se tenga en cuenta la reciente recomendación de la CEDAW a los Estados parte, en la cual los insta a luchar decididamente contra la explotación sexual de niñas y mujeres y a combatir la demanda que la genere y mantiene con el fin de reducir los factores de riesgo que conducen a la trata.

"La explotación sexual persiste porque los Estados partes no han desincentivado de manera eficaz la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata. (…) En virtud del Protocolo contra la Trata de Personas, los Estados adoptarán o reforzarán medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños", sostienen en el documento.

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