En medio del cortejo fúnebre, varios hombres que acompañaban el cadáver descienden de sus motocicletas y con armas en mano asaltan a los conductores que se encontraban detenidos en el semáforo. Quienes se encuentran más atrás en la fila, retroceden o se devuelven en contra vía generando el caos.

Horas más tarde se hacen virales las imágenes de ocho jóvenes que se encontraban departiendo en un local de comidas rápidas en el sur de la ciudad y fueron sorprendidos por dos personas que ingresaron con armas de fuego y en menos de un minuto los despojaron de sus teléfonos y pertenencias.

Las escenas nos devuelven a esa realidad que vivía la capital del Valle del Cauca antes del 28 de abril, cuando la ciudad quedó atrapada, tras el paro nacional, en medio de manifestaciones, vandalismo y de bloqueos. La sensación de inseguridad regresa.

Cali es una ciudad sin Dios y sin ley, asegura el concejal Roberto Ortiz, basado no solo en las estadísticas de homicidios, sino en el hecho de que apenas empieza la urbe a retornar a la normalidad, reaparecen los atracos masivos y la preocupación ciudadana.

“No se habían producido robos masivos porque los ciudadanos estaban en sus casas y los negocios estaban cerrados. Volvemos a la normalidad y otra vez aparecen los atracos; aparentemente peor, porque Cali se volvió una ciudad de caos y de anarquía, porque la ley y la justicia parecen no existir, y menos un alcalde que perdió liderazgo y autoridad”, señala el concejal Ortiz.

Si bien el aumento de hurtos y atracos en Cali estaba sobrediagnosticado desde que pasó la cuarentena por el covid, el panorama pinta aún peor por la destrucción de negocios y la cantidad de pequeñas y medianas empresas que debieron cerrar y despedir a sus empleados por cuenta de los bloqueos y los actos vandálicos generados tras el paro nacional.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía y el Observatorio de Seguridad, con corte al 12 de mayo pasado, en Cali se han denunciado en este año 8330 casos de hurtos y al hacer un comparativo con los mismos meses del 2020, las cifras vienen en aumento: en marzo (28 %), abril (181 %) y mayo (4 %).

Cifras que se han elevado por el aumento en el robo de teléfonos celulares, vehículos, autopartes y entidades financieras, entre otros, ocurridos mayoritariamente en los barrios San Pedro, Valle del Lili, Sucre, San Nicolás, San Fernando Viejo, Prados del Norte y El Ingenio.

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Para el concejal Juan Martín Bravo, esta Administración está usando el sofisma de que los hurtos vienen aumentando en este mes por el tema del paro y eso no es así. Es lamentable ver la ausencia de autoridad. Si alguien está perdida y hay que reportarla como desaparecida, es la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali.

“La ciudad tiene tres problemas: la necesidad de más pie de fuerza, porque cuando terminen los desmanes se llevarán los refuerzos que trajeron. En Cali solo tenemos cerca de 4000 policías para atender toda la ciudad. Segundo, la Secretaría de Seguridad tiene muy poco presupuesto; para el 2021 había quedado cerca de $60.000 millones y se aumentó a $80.000 millones, pero es una cifra irrisoria para todas las problemáticas y violencias que tiene la capital del Valle”, dijo Bravo.

El tercer problema, según el concejal, es que no hay articulación entre la Secretaría de Seguridad y otras dependencias como Bienestar Social, por ejemplo, para implementar programas efectivos para los jóvenes caleños, que, según el último estudio realizado por el Dane, tienen una tasa nacional de desempleo del 29,7 %.

Lo malo puede ser peor

La gran preocupación desde el Cabildo caleño y de diversos sectores sociales de la ciudad es que Cali tiene hoy el escenario perfecto para el accionar de los grupos criminales.

No solo porque la Policía está enfocada las 24 horas del día a atender los desmanes generados por los bloqueos en diferentes puntos, sino porque los vándalos destruyeron muchas de las cámaras de seguridad que permitían el control de las autoridades.

Cali contaba con un sistema de video con cerca de 1850 cámaras, de las cuales 500 requerían mantenimiento y aún es incierta la cifra de las que fueron destruidas. Eso impide la reacción de las autoridades en algunos casos puntuales y disminuye la probabilidad de que los responsables de delitos pueda ser llevados ante la justicia.

“Cuando el gato duerme, los ratones se regocijan”, dice el concejal Fernando Tamayo, para explicar que la seguridad ciudadana en Cali esta en el más absoluto descontrol.

“Ha aumentado el robo de celulares de manera brutal. En la parte alta de la Comuna 20 se han generado desplazamientos por el enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales con armas de largo alcance y la gente está sitiada por el miedo y la no presencia del Estado. Esa misma situación se está viviendo en algunos sectores del Distrito de Aguablnca por el reacomodo de bandas delincuenciales”, denuncia.

Agrega Tamayo que el cierre de empresas por cuenta de los bloqueos “ha generado desempleo y una cantidad de circunstancias que pauperizan aún más la ciudad y entre menos gente trabajando, hay más caldo de cultivo para comportamientos delincuenciales”.

Pese al aumento de las cifras de delitos que elevan la percepción de inseguridad en Cali, es claro que hay un subregistro de lo que realmente ocurre porque en el voz a voz la gente no está denunciando porque no hay dónde y porque no son amigables las plataformas para ese propósito.

La gran paradoja es que el mes en el que más Fuerza Pública hubo en Cali, fue el más violento en lo corrido del año, con 163 homicidios. Casi el doble de las muertes violentas registradas en mayo del 2020, con 88.