Autoridades analizan un documento, presuntamente, publicado por el Ejército Popular de Liberación, EPL, que hace referencia al helicóptero atacado y posteriormente incinerado en Hacarí, Norte de Santander, el pasado fin de semana.

En la misiva, el EPL salva responsabilidades sobre el paradero de la tripulación, pero sí se atribuyen el derribamiento de la aeronave.

En uno de los apartes se lee que "al ser impactada (la aeronave) aterrizó de emergencia en San Vicente del Tarra, lugar donde no se encontraban nuestras unidades guerrilleras".

El helicóptero iba al mando del piloto Julio Díaz y como escoltas figuraban Maxwell Joya y Carlos Ramírez. Su paradero es incierto desde el momento del incidente.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos por información que dé pistas sobre su posible paradero.

La declaración empieza a esclarecer el episodio ya que el domingo anterior el comandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez, aseguró al término del consejo de seguridad que no tenían indicios de quiénes estarían detrás del atentado.

Aunque no se ha hecho oficial, un estimativo del botín que se llevaron quienes asaltaron en tierra el helicóptero de matrícula HK 4327 indica que fue una suma cercana a los $1200 millones.

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