Iván Moreno Rojas, exsenador condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, salió de su celda en la cárcel de máxima seguridad La Picota. Luego de una orden judicial, el hermano del fallecido exalcalde Samuel Moreno fue trasladado a una prisión de mediana seguridad.
Al parecer, en febrero pasado, el abogado del excongresista solicitó que le otorguen la prisión domiciliaria. Sin embargo, El Tiempo reveló que el juzgado de Ejecución de Penas de Bogotá ordenó su traslado al municipio de Acacías Meta.
Según trascendió, el pasado 21 de marzo, el exsenador salió de su celda en La Picota y ahora se encuentra en el centro penitenciario y Colonia Agrícola de Acacías, Meta. Esta cárcel es conocida porque permite que los presos puedan trabajar al aire libre en proyectos agropecuarios.
En agosto del año pasado, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a uno de los principales artífices del carrusel de la contratación en Bogotá, el exsenador Iván Moreno, hermano del entonces alcalde Samuel Moreno. Esta fue la segunda condena que la justicia dictó en contra del excongresista por este escándalo de corrupción.
El alto tribunal lo culpó de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Por esa razón, fue condenado a 13 años y siete meses de prisión, una multa de más de 5 mil millones de pesos y quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por más de 13 años.
En 2007, según la Corte Suprema, Iván Moreno se concertó con su hermano Samuel Moreno, algunos contratistas, congresistas, concejales y otras personas para apoyar la campaña que llevó a Samuel Moreno a la Alcaldía Mayor de Bogotá. En ese entramado, el excongresista se enriqueció ilegalmente con plata de la contratación, específicamente con recursos de la valorización de Bogotá en el año 2008.
Moreno permanece recluido desde 2011 y había sido condenado en 2014 por la Corte Suprema de Justicia. En su momento, el tribunal lo halló responsable de los delitos de concusión (hacer uso de su cargo público para pedir dinero), tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
Además de su condena por el ‘carrusel de la contratación’, en abril del año pasado, la Corte lo condenó a cinco años y siete meses de cárcel por el ‘carrusel de las ambulancias’ por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. En 2009, se hizo una polémica licitación para el servicio de ambulancias a través del Fondo Financiero Distrital de Salud.