La tolerancia del Gobierno Nacional ante el accionar de las organizaciones armadas ilegales, a fin de lograr la anunciada Paz Total, está pasando factura en la zona alta del municipio de Jamundí, tal como ocurre en otras regiones del país.
La llamada guardia campesina obligó una semana atrás a las tropas de la Tercera Brigada del Ejército a retirarse de algunos sectores en la zona montañosa del municipio alegando supuestas afectaciones a los derechos humanos de los habitantes por la presencia de los uniformados.
Tras bloquear el avance de las tropas y ante la impotencia de los militares, consideran expertos en seguridad, es cuando sale el general William Fernando Prieto, comandante de la Tercera Brigada, a denunciar las presiones que estarían recibiendo los campesinos por parte de la disidencia Jaime Martínez de las Farc para exigir el retiro del Ejército del lugar, convertido en corredor estratégico del narcotráfico.
En este mismo sector, que compromete los corregimientos de San Antonio, Villa Colombia y La Ampudia, se libró en el 2018 la lucha sangrienta entre el grupo armado Los Pelusos y la disidencia Jaime Martínez de las Farc por el control territorial y que dejó decenas de muertos y varios casos de violencia y desplazamientos, como lo había advertido una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.
Tras varias semanas de combates, la columna móvil Jaime Martínez, que hace parte del proceso de diálogos que se iniciará con el gobierno de Gustavo Petro, se impuso militarmente y desde entonces actúa casi bajo el control absoluto de las economías ilegales que se mueven a través de este corredor, que permite una salida fácil de las drogas hacia el Pacífico colombiano.
Justamente, el pasado viernes 28 de abril las tropas de la Tercera Brigada lograron en la zona el decomiso de 80 kilogramos de cocaína y en otra acción fue destruido un cargamento con 30 kilos de explosivos que pertenecían a la misma disidencia Jaime Martínez.
Ante las directrices del gobierno del presidente Gustavo Petro, de limitar las acciones armadas, los militares no han tenido más opción que apartarse del lugar, evitar choques con la comunidad y realizar patrullajes móviles en la zona plana del Municipio.
El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, explica que el Ejército sigue haciendo presencia en la zona rural, pero se han dificultado las llamadas ‘operaciones a mayor profundidad’. “Es decir, el Ejército hace presencia de manera distinta; está sobre los corredores, sin embargo, ya no como antes que las tropas estaban asentadas en un lugar, sino que están en permanente movimiento; pero hay presencia del Ejército y hay presencia institucional”.
En el mismo sentido se pronunció el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Walter Camilo Murcia, quien señala que “Jamundí sigue con presencia del Ejército 24/7. Estamos comprometidos en garantizar la seguridad y la tranquilidad a través de mesas de seguimiento permanentes, verificación y aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el municipio”.
Jamundí está fuera de los planes
Pese a ser el municipio que recibe uno de los mayores impactos del conflicto armado y el fenómeno del narcotráfico en el Pacífico colombiano, Jamundí no hace parte de los planes principales del Gobierno Nacional para el beneficio de las comunidades a través de iniciativas y ayudas estatales. Sin embargo, es citado permanentemente en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Son más de 1500 hectáreas las que tiene el municipio cultivadas con hoja de coca y aún así el Gobierno Nacional no ha incluido a Jamundí ni en los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) ni en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y mucho menos de las llamadas zonas estratégicas de intervención integral.
“Es importante que Jamundí sea priorizado con relación a la intervención integral de estos sectores, que estemos incluidos en los PDET, en las zonas de intervención integral o en el PNIS para lograr la sustitución de cultivos de uso ilícito y ese es el gran reto que tenemos”, señala el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez.
No obstante, explica el secretario de Seguridad de Jamundí, Fernelly Quijano, la Administración Municipal ha hecho un esfuerzo por hacer presencia constante en estos territorios y acompañar a las comunidades.
“Incluso, en varios de los corregimientos de la zona alta del municipio hay un programa denominado ‘pago por servicios ambientales’ y se les paga a los dueños de tierras por el sostenimiento de los bosques y por la no deforestación; se hace un reconocimiento por servicios ambientales al igual que hay presencia institucional de la Secretaría de Agricultura y otras dependencias”, agrega Quijano.
El nuevo Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional es la esperanza de que el Estado finalmente se asome a Jamundí con oferta social y se empiece a mirar el Municipio, dice el alcalde Ramírez, de manera integral.
“Esperamos que Jamundí pueda empezar a alivianar la presión social que tiene en varios sectores, ahora que ha sido priorizado con varios proyectos en el Plan de Desarrollo Nacional como es la Ciudadela Universitaria, la ampliación de la Cañasgordas, el Tren de Cercanías y vamos a radicar en los próximos días cuatro proyectos de vías terciarias como el corredor Miravalle - San Vicente, el corredor Potrerito - San Antonio; Potrerito - Puente Vélez y Río Claro - Villa Colombia. Inversiones de más de $110.000 millones”.
Mientras tanto, el general Prieto ratifica que la Tercera Brigada continuará empleando sus capacidades, con operaciones de estabilidad, para velar por el bienestar y la seguridad de las comunidades en esta región del país y con total apego a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.