Se confirmó un nuevo golpe a la estructura financiera de la organización criminal Clan del Golfo y a sus nexos con miembros de la Policía, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del jefe de operaciones de la Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional (Sipol) en Bolívar, el intendente Harvey Arellano Cerda, quien sería el responsable de entregar información privilegiada al grupo armado ilegal.
De acuerdo con el ente acusador, el uniformado, al parecer, aprovechaba su cargo y entraba sin autorización a los sistemas de la Sipol para extraer detalles de las operaciones y los movimientos de la fuerza pública en el departamento. Para la Fiscalía, esto lo haría con el propósito de alertar a la subestructura Uldar Cardona Rueda sobre las acciones en su contra.
De esta manera, los cabecillas evadían los operativos y evitaban que fueran impactadas sus finanzas ilegales.
Frente a estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó al intendente Arellano Cerda el delito de violación de datos personales agravado. El funcionario aceptó de manera libre y voluntaria el cargo en su contra. Se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.
A Harvey Arellano Cerda se le realizaron interceptaciones telefónicas legales para obtener material probatorio en la investigación que dio con su captura. El fiscal que participó en la audiencia de imputación compartió algunos fragmentos de las interceptaciones, en uno de ellos, el intendente le recomienda a un alias Cuco, miembro de la organización criminal, “que no diera papaya, por lo menos durante un año para que transcurra el tiempo y se venciera dicha orden”.
A lo que el fiscal comenta, “además que le dice cómo funciona todo, también le dice que se pierda, o sea, asesora a la organización criminal (...) de igual manera era el puente, su señoría, para que otros funcionarios públicos tuvieran dateada a la organización criminal”.