JEP: así funciona el caso '005', que investiga crímenes del conflicto en 17 municipios del Valle y Cauca

Conocido como el Caso No. 005 dentro del listado de los siete grandes procesos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, es el expediente que contiene la investigación por violación a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en 17 municipios del norte del Cauca y sur del Valle.

Se abrió el 8 de noviembre de 2018 y tiene más de 108.000 víctimas acreditadas por delitos cometidos por las Farc-EP o la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre del 2016, y que afectaron principalmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de esta región.

7582 homicidios dejó el conflicto entre 2000 y 2013, en el sur del Valle y el norte del Cauca.

El Caso No. 005, según el analista y politólogo Jorge Luis Yarce, es para la Justicia Especial para la Paz el más relevante en el marco de la justicia transicional, en tanto que en el norte del Cauca y el sur del Valle “se configuró, en tiempos de mayor conflictividad, como uno de los epicentros de la violación de derechos humanos y de delitos contra el DIH, y que más claramente se han podido evidenciar”.

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“108.000 víctimas acreditadas son la confirmación de la grave situación de violencia que se vivió en este territorio y que lastimosamente no podemos decir que haya cesado; sin embargo, el reconocimiento de las víctimas, de los hechos, y sacar a la luz la verdadera dimensión del conflicto es un hecho trascendental para la construcción de la memoria histórica necesaria, pero sobre todo para tratar de reconstruir el tejido social y una paz desde la ciudadanía, desde la sociedad y no desde los actores políticos”, dice Yarce.

Los actores principales, quienes ya se presentaron a varias audiencias ante la JEP, fueron el Bloque Occidental o Bloque Alfonso Cano de las Farc, del cual se desprendieron numerosos frentes “que buscaban en esta región aprovechar sus características geoestratégicas para ocultarse de la Fuerza Pública, con lo cual se afectó de manera grave a la población en general y, en especial, a la población indígena, afrocolombiana y campesina de norte del Cauca y sur del Valle”.

Igualmente, miembros de la Fuerza Pública, tanto Ejército como Policía, y de otras instituciones que terminaron desde el Estado cometiendo conductas contrarios a los derechos humanos.

A la fecha se han recibido de esos actores, de acuerdo con la JEP, cuatro documentos de aporte temprano a la verdad por parte de excomandantes y otros exmiembros de las principales estructuras de las Farc, en los que reconocen crímenes como homicidio, desplazamiento, reclutamiento y desaparición forzada.

Igualmente, desde el 2021 y hasta el pasado 16 de septiembre se recibieron los reconocimientos de responsabilidad de los exintegrantes de las Farc y se realizaron actos restaurativos en los que han participado comparecientes, víctimas indígenas, afrodescendientes y campesinas, apoderados de víctimas y victimario y funcionarios de la JEP, entre otros, quienes han intervenido conjuntamente en actos de reconciliación desde los territorios.

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Los casos más relevantes que tendrá que resolver la JEP corresponden al asesinato de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos por parte de las Farc; así como la alianza entre miembros de la Fuerza Pública y paramilitares del Bloque Calima. Igualmente, casos de falsos positivos que habría cometido el Gaula Valle.

“Es fundamental también que en el marco de esa verdad tan necesaria se pueda conocer el nexo del narcotráfico con todos los actores armados en esta zona del país”, agrega el catedrático Diego Javier Sánchez.

“En gran parte de los casos la violación a los derechos humanos y al DIH no obedeció a ideologías, sino al accionar criminal de los grupos en defensa de fortunas generadas por el tráfico de drogas. Intereses que aún persisten”, concluye el analista.

Este Frente operó en varios departamentos, en especial en el Cauca y el Valle del Cauca. Reconocieron que miembros de ese frente realizaron entre otros los asesinatos del líder indígena Cristóbal Secue y de los hermanos Neitzer Arnulfo Lugo Soto y Jhon Henry Lugo Soto, quienes llevan más de 30 años desaparecidos.

129 sujetos colectivos se acreditaron en este caso, entre pueblos indígenas y consejos comunitarios.

En general, las Farc han reconocido crímenes como desplazamiento forzado, secuestros, tortura, violencia sexual, confinamiento, siembra de minas antipersona, reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas, homicidios y atentados al medio ambiente y al territorio.

Esta Columna hizo parte del Bloque Móvil y operó especialmente en los municipios de Florida, Pradera y Miranda. Reconocieron afectaciones a la población indígena.

También que asesinaron a Epifanio Latín y Richard Alexánder Peña. Aceptaron la colocación de minas en múltiples zonas de Pradera y Florida. También reconocieron el reclutamiento de menores y la realización de acciones armadas en Florida, Pradera y Palmira. En un acto temprano de verdad habían reconocido casos de homicidio, desplazamiento, reclutamiento de menores y desaparición, así como afectaciones específicas contra las comunidades indígenas y afrodescendientes.

5 integrantes de la población Lgbti+ se declararon víctimas del conflicto.

Esta Columna operó en los límites entre los departamentos de Cauca y el Valle del Cauca, en especial en los municipios de Buenos Aires, Suárez y Jamundí.

En las audiencias han reconocido su afectación directa a las comunidades y dentro de ellas, entre otros. En particular, varios de sus integrantes aceptaron la responsabilidad que tuvieron en el marco del conflicto en el asesinato de Irma Yatacué, Manuel Antonio Ramos y Lupe Aponsá. También actos terroristas en Suárez y Morales (Cauca) y el desplazamiento de habitantes de El Placer y El Queremal.

Operó en el norte del Cauca, especialmente en los municipios de Caldono, Santander de Quilichao, Jambaló y Morales. Reconocieron participar en tomas y ataques guerrilleros en los municipios de Corinto, Florida, Caloto, Toribío, Santander, Mondomo, Caldono, Piendamó, Silvia, Belalcazar, Cajibío, Morales, Suárez, Buenos Aires, Puerto Tejada, Puracé, El Bordo y Jambaló que dejaron decenas de heridos y muertos y pueblos destruidos. Igualmente, el asesinato de líderes indígenas como Leoncio Fernandez, Marino Mestizo, Milciades Trochez y Venancio Taquinaz, entre otros.