La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acepto la solicitud de la Procuraduría General y decretó medidas cautelares para preservar cualquier evidencia de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, que se presume que fueron arrojadas a las aguas del Canal de Dique.

Por ello, la magistratura ordenó al Ministerio de Transporte y a la ANI, hacer el diseño, redacción e inclusión de un protocolo arqueológico forense para la búsqueda de personas desaparecidas, en el término de cuatros meses.

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También constituir, de inmediato, una mesa técnica con la asesoría de la UBPD y el acompañamiento y coordinación de la Procuraduría. El protocolo deberá aplicarse en cualquier tipo de intervención del Canal del Dique, derivada del proceso contractual en curso o de aquellos que lo adicionen, modifiquen o transformen.

Así mismo, se debe contemplar que el protocolo no solo establezca hallazgos fortuitos de cuerpos, sino la garantía de los derechos relacionados con la búsqueda, exhumación, tratamiento, entrega digna y demás actividades respecto de cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

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Finalmente, La JEP ordenó al Ministerio de Transporte la constitución de una mesa interinstitucional de articulación integrada por la ANI, la Cámara Colombiana de Infraestructura y demás entidades para que se elabore un protocolo de salvaguarda de cuerpos no identificados de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano, en caso de que se presenten en futuras obras y proyectos en toda Colombia.

La Procuraduría señaló que también insistirá ante la magistratura para que se otorguen medidas de protección para los líderes, lideresas y representantes de la Ruta del Cimarronaje que denunciaron ante el Ministerio Publico amenazas en contra de su vida en razón al liderazgo que desempeñan.