La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó al gobierno nacional que declare públicamente que los menores de 18 años que fueron reclutados o utilizados en el conflicto armado interno por la exguerrilla de las FARC-EP, tienen el carácter de víctimas.

La orden fue tomada a raíz de una solicitud de medidas cautelares presentadas desde 2021 por los representantes de COALICO, de Women’s Link Worldwide y de la Fundación PAX Colombia, después de unas declaraciones del exministro de defensa, Diego Molano.

Luego del ataque al campamento de alias Gentil Duarte en marzo de 2021, Diego Molano, en su calidad de ministro de defensa, señaló a los medios de comunicación que “la discusión aquí no es la legitimidad de nuestra fuerza pública para desarrollar estas operaciones, sino cómo las disidencias de las FARC siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en máquinas de guerra”.

Y luego agregó que “aquí lo que tenemos son máquinas de guerra formadas por ellos y buscando planear y desarrollar acciones terroristas”.

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Además, insistió en que las víctimas de reclutamiento “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos. Desafortunadamente, se convierten en criminales”. Asimismo, afirmó que el entrenamiento militar “transforma a los niños y niñas reclutados en jóvenes combatientes y peligrosos”.

Según las organizaciones citadas, las declaraciones dadas por el entonces ministro son prácticas discriminatorias que se mantienen en contra de las víctimas del reclutamiento, esto mismo causa la vulneración de su derecho a la honra, les impide concretar sus futuros proyectos de vida y desincentiva la participación de las víctimas en el caso 07 de la JEP y un riesgo para sus vidas.

Aunque en primera instancia fue negada la solicitud de medidas cautelares para la rectificación del gobierno, se impugnó hasta la decisión de hoy.

Para la sección de apelación del tribunal para la paz, es claro que estas acciones implican una estigmatización y nueva victimización, así como continuar el ciclo de la violencia y truncar el acceso a la verdad y la reparación.

“Conlleva concluir que existe un riesgo urgente derivado de las declaraciones realizadas por el señor Molano Aponte, en su calidad de ministro de Defensa, en el mes de marzo de 2021 y amerita la adopción de medidas que se dirijan a eliminar los discursos justificativos por parte de funcionarios públicos que ponen en riesgo la materialización de los derechos de las víctimas de reclutamiento y utilización para el conflicto armado por parte de las antiguas FARC-EP”, expresa la decisión.

Agrega que “mientras no exista pronunciamiento alguno de parte del Estado, existe el riesgo de continuar afectando las garantías de no repetición de las víctimas que se encuentran acreditadas o que podrían llegar a acreditarse en el macrocaso No. 07, lo cual requiere una reacción inmediata”.

También expresa la decisión que, aunque hubo un cambio de tono en la llegada del nuevo gobierno, “el riesgo no está superado, pues se necesita una reivindicación específica dirigida a una población que es de competencia de la JEP".

Por lo anterior, le ordena al gobierno para que en un plazo de 15 días realice un pronunciamiento público en el que se reconozca expresamente la calidad de víctimas de todas aquellas personas que con menos de dieciocho años fueron reclutadas o utilizadas en el conflicto armado interno por la otrora guerrilla de las FARC-EP.

Igualmente, ordena incorporar en la política pública y en la doctrina militar acciones que contribuyan a eliminar los discursos justificativos, a reconocer que los niños y adolescentes reclutados son, ante todo, víctimas del conflicto armado y que “en las operaciones en que pueden resultar afectados se deben siempre respetar los principios de precaución, necesidad militar, humanidad y proporcionalidad”.