La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó, en primera instancia, la solicitud de sometimiento de Salvatore Mancuso Gómez.
El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, hizo la petición a la JEP como tercero civil colaborador o financiador del paramilitarismo, entre 1989 y 1997.
La Sala de Reconocimiento, a través del auto 90, concluyó que su rol en este periodo fue la de un “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate” y en la solicitud no se demostró que las conductas de Mancuso correspondieran a las de un tercero civil financiador o colaborador de un grupo armado ilegal sino, por el contrario, evidencian su participación directa en las hostilidades al ejercer una función continua de combate.
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Para tomar la determinación, se revisaron la solicitud de Mancuso, así como los procesos en su contra en la justicia ordinaria y las investigaciones extrajudiciales, como la del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Todas confirman que su participación en el conflicto armado interno entre 1989 y 1997 constituyó lo que en el Derecho Internacional Humanitario se llama una “función continua de combate”, que demuestra su participación directa en las hostilidades.
Como se explicó en la propia solicitud, Mancuso patrullaba con un grupo armado compuesto tanto por miembros del Ejército Nacional como por antiguos guerrilleros y otros combatientes, portaba armas largas y participaba directamente de manera efectiva en acciones armadas con fines contrainsurgentes, no solo con el aporte de información.
Esta participación no fue esporádica sino, por el contrario, tuvo una vocación de permanencia y mayor sofisticación a medida que pasaba el tiempo.
En consecuencia, al no tratarse de conductas realizadas por un tercero civil sino por un combatiente paramilitar, para la Sala la JEP no es competente respecto de los delitos cometidos por Mancuso Gómez.
La solicitud
La defensa de Mancuso argumentó en la solicitud de sometimiento que este fue informante del Ejército en 1989 y colaborador del mismo.
También describió el entrenamiento militar que le dio el mayor del Ejército Walter Fratini Lobacio, comandante del batallón de contraguerrilla de la IX Brigada del Ejército, así como la participación de Mancuso en patrullajes contrainsurgentes ilegales, realizados con Frantini y con soldados y exguerrilleros.
De acuerdo con la solicitud, a la muerte de Fratini, Mancuso asumió el mando de este grupo especial. En 1994 Mancuso conoció a los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, jefes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), y se unió a ellos.
Igualmente, en la solicitud de sometimiento se afirma que Mancuso suministró dinero e insumos al Ejército y a la Policía, a quienes también sirvió de guía, y que entre los años 1993 y 1997, después de la muerte de Frantini, colaboraba con financiación y recolección de información, además de ejecutar operaciones armadas en conjunto con “el grupo especial de operaciones de la policía para enfrentar y ejecutar a todo el que fuese señalado de ser guerrillero por el aparato de inteligencia de la policía nacional”. En este período, además, según la misma solicitud, Mancuso se vinculó a las ACCU a partir de 1995, para “la preparación y creación del Bloque Norte de las Autodefensas” y participó en acciones militares, mencionando que los aportes del solicitante fueron esenciales para el éxito de las operaciones.
La Sala de Reconocimiento de la JEP precisó que esta descripción la lleva a concluir que Mancuso fue en este periodo “un miembro orgánico de los nacientes grupos y, por lo tanto, excluido de la competencia constitucional de la JEP”.
Como lo estableció la Corte Constitucional y lo ha señalado la Sección de Apelación de la JEP, la Jurisdicción tiene competencia sobre los antiguos miembros de grupos paramilitares cuando estos demuestren tener, antes o después de su pertenencia al grupo paramilitar, la calidad de terceros civiles financiadores o colaboradores de un grupo armado ilegal. Según la Sección de Apelación de la JEP, “los miembros de las autodefensas –incluso si llegaron a estar revestidos del estatus de combatiente– pueden comparecer sí y solo sí, antes o después de portar armas, actuaron como terceros financiadores o colaboradores”.
En la Sala de Reconocimiento de manera mayoritaria rechazaron la solicitud: cuatro magistrados votaron a favor de rechazar el sometimiento, dos de ellos presentaron además aclaración de voto. Los tres magistrados restantes presentaron salvamento de voto.
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