Sin decisión concluyó la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Hacia las 7:10 de la noche de este miércoles, 11 de diciembre, la juez tercera de Control de Garantías de Bogotá suspendió la audiencia.
En la diligencia, la juez confirmó que la nueva fecha para reanudar la audiencia será el próximo miércoles, 18 de diciembre. Al igual que este 11 de diciembre, la diligencia iniciará sobre las 9:00 de la mañana.
Ortiz fue imputada por el ente acusador por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por presuntamente haber participado en el envío de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name en octubre del año pasado.
Durante la audiencia de medida de aseguramiento, a Ortiz se le permitió tomar la palabra unos minutos, tiempo que utilizó para solicitar a la juez que le permitiera defenderse en libertad. “Este ha sido el infierno más grande de mi vida. Voy a ir hasta las últimas consecuencias por mi inocencia”, expresó.
La exconsejera presidencial para las regiones advirtió que va a llevar el proceso a las instancias necesarias para demostrar su inocencia. “Ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, voy a luchar por mi inocencia y quiero defenderme en libertad”, añadió, al mencionar que no tiene algo que esconder.
En la audiencia, el abogado de Sandra Ortiz, Oswaldo Medina, aseguró que el ente acusador está improvisando con las acusaciones en contra de su clienta y trató de desvirtuar varios de los posibles elementos de prueba en su contra.
De la misma manera, sostuvo que la Fiscalía General de la Nación, supuestamente, ejerció una presión indebida para que Ortiz firmara un principio de oportunidad. “Desde el 26 de agosto comienzan unos actos que la defensa considera una presión. Se terminó ofreciendo un principio de oportunidad pero sin conocer por cuáles delitos”, dijo.
Cabe recordar que un día antes, la Corte Suprema de Justicia allanó las instalaciones del Ministerio de Hacienda, como parte de la investigación sobre el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Durante la inspección, se revisó la oficina de Andrea Ramírez, asesora del exministro Ricardo Bonilla, en la que presuntamente se coordinaron acciones para sobornar a congresistas a cambio de votos clave en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
El allanamiento, el primero en la historia de la Corte Suprema a este Ministerio, incluyó la confiscación de equipos electrónicos de la oficina de enlace con el Congreso, entre ellos, el computador de Ramírez, quien es señalada de haber participado en el esquema.