La audiencia de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe, procesado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, se retoma en la mañana de este viernes 24 de mayo. En la diligencia, la jueza 44 penal del circuito de Bogotá informará su decisión frente a la solicitud de nulidad del proceso.
Hace una semana, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, presentó el escrito de acusación contra Uribe Vélez, requisito para que, después de seis años, inicie formalmente el que sería el primer juicio penal en contra de un expresidente en el país.
En esa audiencia, llevada a cabo el pasado 17 de mayo, el abogado Jaime Granados, penalista que ha representado al líder del Centro Democrático desde que empezó el caso en su contra por presunta manipulación de testigos, le pidió a la juez la nulidad de todo el caso por el que la justicia procesa al exmandatario.
Aunque inicialmente, Uribe fue investigado por soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos “en concurso homogéneo y sucesivo”, es decir, cometidos en varias ocasiones. Luego de examinar las pruebas que reposaban en el expediente, Villarreal decidió agregar el delito de soborno, que involucra a la condenada exfiscal Hilda Niño Farfán.
El soborno en actuación penal es distinto al soborno. El primer delito, endilgado a Uribe, desde que su caso estaba en poder de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver con ofertas para amañar testimonios de quienes saben de un hecho delictivo, mientras que el segundo se relaciona con dádivas para cualquier persona.
La decisión ahora está en manos de la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal, quien determinará si el proceso contra el exmandatario debe declararse nulo o si se avanza en la fase de acusación para pasar al juicio.
Granados presentó al menos 15 observaciones contra el escrito de acusación con el que el fiscal Gilberto Villarreal le pidió a la judicatura convocar a la audiencia de acusación. El jurista le pidió al fiscal aclarar aspectos que consideró abstractos, para poder ejercer su derecho a la defensa.
Uno de los reparos de Granados fue el aparte del escrito de acusación que señala que Uribe Vélez “o a través de Diego Javier Cadena Ramírez, de servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo, de copartidarios, amigos o allegados suyos, logró contactos con personas en el exterior o en Colombia”.
La Fiscalía expuso que ese contacto tuvo “especialmente” el objetivo de que Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra “realizara un video o una carta con los que declara en su favor”, es decir, en favor de Uribe, luego de una visita de la congresista Piedad Córdoba y los congresistas Rodrigo Lara e Iván Cepeda en su centro de reclusión en Estados Unidos.
Para Granados, no obstante, el ente acusador no fue claro, pues la expresión “amigos o allegados” es abstracta, así como “personas en el exterior o en Colombia”. El abogado, en ese sentido, le pidió al fiscal aclarar a quiénes se refería. La acumulación de falencias, en su concepto, terminó creando una “imputación elástica”.
Otra de las alegadas fallas es un aparte en el que se lee que el expresidente Uribe, “contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testigos, documentos y otros medios probatorios”.
Antes de la audiencia, la Fiscalía presentó una adición a la acusación original, en la que añadió al soborno como un tercer delito por el que el exsenador deberá responder. Granados, a su turno, cuestionó: “¿Cómo es posible que ahora se esté indicando una doble atribución de soborno? Eso afecta la defensa y el núcleo mismo de la imputación”.
El fiscal Villarreal respondió, aseverando que a lo largo del documento están “debidamente mencionadas” las respuestas a las quince aclaraciones solicitadas por Granados. El funcionario dijo que en el escrito la defensa puede “encontrar todas las respuestas” y que otros elementos deberán ser debatidos a lo largo del juicio.
Algunas de las respuestas del fiscal se basaron en que “todos sabemos” a quiénes se refería el escrito, que no nombra directamente a más colaboradores que a Diego Cadena. No mencionó específicamente los establecimientos de reclusión a los que se habrían dirigido las presiones impulsadas por Uribe o las personas recluidas, pese a las preguntas de la defensa.
Ante esta respuesta, el jurista exigió “respeto por la estrategia de defensa” y pidió dejar en el proceso una constancia de que se opone a la forma en la que Villarreal actuó. A renglón seguido, le solicitó a la Juez 44 Penal del Circuito anular el proceso, alegando una vulneración al derecho fundamental al debido proceso del exmandatario.
*Con información de Colprensa.