La Justicia Penal Militar abrió investigación preliminar por el secuestro de más de 70 policías por parte de campesinos, en medio de una protesta que se adelantó la semana pasada en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde fallecieron un policía y un campesino.

Aunque se conocen pocos detalles de esta decisión, esta investigación se abrió bajo la hipótesis de posibles delitos de homicidio y omisión de apoyo especial.

Esta decisión se suma a la indagación preliminar abierta por la Procuraduría en contra de los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Alfonso Prada, por la presunta omisión en el ataque.

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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que no hubo omisión y defendió la actuación de las tropas del Ejército, quienes se encontraban en el lugar y decidieron no intervenir, porque se agotaron los recursos para la liberación de los uniformados a través del diálogo con las comunidades y se evitó una tragedia, porque el único control que podían hacer los militares ante la manifestación era disparando.

“Lamentamos y rechazamos la muerte del subintendente porque nos duele, pero de ahí a reclamar, como he escuchado de algunos, que el Ejército estaba al frente y por qué no controló la situación, ahí el único control que podía hacerse era disparando y yo creo que la sociedad colombiana tiene que hacerse esa reflexión, queremos una muerte tan trágica como se hubiera podido producir con una reacción de los militares”, explicó Velásquez.

En este sentido, el ministro de Defensa le pidió a la Procuraduría revisar con objetividad y ecuanimidad lo que sucedió y concluir “si este fue el procedimiento adecuado para tratar de salvar más vidas y no para arriesgar tantas como se hubiera podido producir”.

Esta protesta terminó el pasado 5 de marzo tras 43 días de protestas con la firma de algunos acuerdos. Entre estos se destacan la creación de una comisión mixta de derechos humanos que será presidida por la Defensoría del Pueblo e integrada por diferentes entidades del Gobierno Nacional y representantes de las organizaciones del movimiento campesino, la cual analizará y acompañará hechos que afectan a esta población.

Además, los acuerdos contemplan un diálogo directo con la Empresa Esmerald Energy, contra quien los campesinos protestaban por el incumplimiento en la pavimentación de la vía de 40 kilómetros que une a San Vicente del Caguán con Las Delicias, entre otros puntos, y se conformará una Mesa técnica entre el Ministerio de Minas, el ANLA y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para revisar las condiciones de cumplimiento de la ejecución del contrato de concesión y las solicitudes realizadas por los delegados de la comunidad.

En este punto se especifica también que la pavimentación de la vía San Vicente del Caguán - Los Pozos - Delicias se iniciará por fases.