Este martes 26 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación, por razones de interés general informó que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que declaró la ilegalidad del cese de actividades promovido y ejecutado en el año 2022 por Asonal Judicial S.I. en las sedes de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Cali.
Según el comunicado oficial de la Fiscalía: “La providencia judicial reconoce que la administración de justicia y las funciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación constituyen un servicio público esencial, en tanto su interrupción puede poner en riesgo la salud, la vida o la seguridad de la población”.
Por ello, la entidad procederá a realizar actuaciones administrativas, con estricta sujeción a las disposiciones legales aplicables.
Cabe recordar que el año pasado, la Fiscalía adelantó cinco mesas de trabajo sobre cargas de labores y plantas de personal con la Dirección Seccional Cali, como parte de un acuerdo firmado en diciembre del 2021 con las organizaciones sindicales de Asonal Judicial.
Sin embargo, la Fiscalía a través de un comunicado en ese entonces resaltó que: ”A pesar de estar participando en las mesas de trabajo, la rama judicial promovió jornadas de cese de actividades en la Dirección Seccional Cali durante los meses de mayo, junio y julio del 2022”.
De acuerdo con el ente judicial, la suspensión en las actividades generaron una grave afectación en la prestación del servicio.
Por ello, la Fiscalía presentó una demanda para la calificación de ilegalidad de la suspensión o paro colectivo de trabajo. En ese sentido, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali falló a favor de la Fiscalía.
Sin embargo, Asonal Judicial buscó en ese entonces un recurso de apelación con Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y está declaró ilegal el cese de actividades de trabajadores de la rama judicial en Cali del 2022.
Fiscalía investiga a General por corrupción, acoso sexual y nexos ilegales
El general del Ejército John Jairo Rojas Gómez quedó este martes bajo la mira de las autoridades, tras la apertura de una investigación en su contra, por parte de la Fiscalía General de la Nación que lo indaga por presunta corrupción, supuesto acoso sexual y nexos con grupos armados ilegales.
“Estoy tranquilo” y “listo para empezar a entregar las pruebas” del supuesto montaje, afirmó hoy el oficial, tras conocer de la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Rojas aseguró que estaba enterado que detrás su eventual ascenso a comandante del Ejército, como se rumoraba iba a ocurrir, se movían una serie de situaciones, porque de lo que se trataba “era de destruir al general que estaba sonando” para el cargo.
El oficial se negó a entregar los nombres de las personas que estarían detrás de las acusaciones y sostuvo que su caso se enmarca en una “estrategia vieja” de enlodar a un oficial, obligarlo a defenderse ante la justicia y ganar tiempo para sacarlo del servicio.
Según el ente investigador, el general está “señalado de presuntas actividades irregulares de carácter operacional, administrativo y personal”.
Sobre Rojas hay sospechas de presuntos actos de corrupción en Argelia (Cauca) y una supuesta alianza con la estructura Diomer Cortés de los disidentes de las FARC de la Segunda Marquetalia, cuando se desempeñó como comandante del Comando Conjunto No. 2 Suboccidente del Ejército.
La otra línea de investigación en su contra sería por presunto “acoso sexual” a varias oficiales del Ejército.
La última por supuesto “favorecimiento a organizaciones criminales” en el Cauca, a quienes les habría facilitado su labor como narcotraficantes.
El general aseguró que no era posible asociarlo con grupos al margen de la ley a recordar que fue él quien trazó la estrategia que permitió la operación en la que murió Leider Yohani Noscué Bototo “Mayimbú”, a mediados del año pasado en Suárez (Cauca).
*Con información de Colprensa.