La violencia de pandillas opacó la firma del tratado de 1992. Una tregua entre maras busca la reconciliación.
Cuando terminó la guerra y bajó de la montaña, ese hombre de cabello rizado y piel morena guardó como un tesoro el fusil AK - 47 que le había regalado Fidel Castro. Esa arma es la que empuñó el comandante guerrillero Raúl Mijango durante una buena parte de los 12 años de la guerra civil en El Salvador, pero cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, el AK 47 pasó a decorar una pared de su casa. En aquellos días, Mijango vivía con euforia el fin del conflicto, pero ahora que toma un café en un restaurante de San Salvador dice con resignación que aquel histórico momento también fue la génesis de otra pugna igual de despiadada que convirtió a este pequeño país centroamericano en uno de los más violentos del continente: la lucha entre pandillas.- A los salvadoreños, 20 años después, nos ha pasado casi lo mismo. Sino se identifican las causas generadoras del conflicto, la posibilidad de que encuentres la paz se vuelve momentánea. Durante la guerra, los muertos violentos al día eran de 17; hace unos meses eran de 14. ¡Una diferencia de tres es casi lo mismo !Como la luz y la sombra, como lo bonito y lo feo, el proceso de paz salvadoreño tiene dos caras. En los años próximos a la firma de la paz, El Salvador inició un ambicioso proyecto de reconstrucción que dinamizó su economía, reconstruyó carreteras, privatizó servicios públicos, y ejecutó una reforma política que permitió convertir a los antiguos comandantes guerrilleros en diputados y a muchos de los generales del ejército en empresarios. El éxito de ese proceso de paz, incluso, fue citado por la Organización de las Naciones Unidas como un ejemplo para el mundo. Esos son los logros que destacan en el discurso oficial.El brillo de esos resultados, sin embargo, pronto se opacó. Mientras se edificaban obras, mientras los otrora enemigos debatían en el salón legislativo, en la década de los 90 Estados Unidos aplicó una política de deportación masiva de pandilleros hacia Centroamérica. Y aunque la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 ya existían en El Salvador, la incursión de los deportados a las pandillas cambió la operatividad de estos grupos: comenzaron una disputa por el control del territorio primero, y siguieron con arraigar la venta de droga y las extorsiones después.Mijango fue diputado en la década de los 90 y cuando habla sobre el problema de las pandillas hace un mea culpa. Dice que los esfuerzos se concentraron en consolidar las reformas electorales que daban al país una imagen de democracia fortalecida, pero la clase política no se preocupó por lograr un consenso para cambiar el régimen económico que, incluso, había sido una de las causas de la guerra. La pobreza, el desempleo y la desigualdad social seguían intactas.- No significa una falta de visión sino que la correlación política no daba para más en la transformación del sistema socioeconómico. El germen para que se suscitara otro conflicto lo habías dejado ahí puesto. Las pandillas han encontrado un terreno fértil para organizarse, desarrollarse y convertirse en un poder muy fuerte.Soldado y guerrillero, pandillerosHeriberto Henríquez fue soldado y ahora es un líder de la pandilla del Barrio 18. Hasta antes de ser capturado por homicidio, trabajaba en una organización gubernamental que se dedica a la rehabilitación de pandilleros. En esa oficina, Heriberto tenía una foto en la que aparece retratado con una cara de muchacho asustado, sosteniendo un fusil M16. En el Ejército, cuenta, le enseñaron tanto a desarmar un fusil como a fumar marihuana para soportar el cansancio de las operaciones militares. A su salida del Ejército y ante la falta de un empleo, emigró hacia los Estados Unidos, donde se integró al Barrio 18, cometió delitos e, irremediablemente, lo deportaron. En el año 2007, Heriberto fue capturado y condenado por homicidio. Un año antes, la Policía había encontrado un cadáver y 20 casquillos de bala a la salida de un club nocturno y la justicia falló que él era el culpable. Ese caso fue uno de las 3.484 muertes violentas que se registraron ese año. Llegar a la cárcel no terminó con el liderazgo de Heriberto sobre la pandilla. Estaba tras las rejas, pero junto con otros pandilleros mantenían el control en la calle, una especie de dios que puede vetar o avalar que sus hombres cometan una pegada (crimen), una extorsión, un secuestro Otro líder que tiene igual poder es Carlos Mojica. Él fue guerrillero y ahora también es líder de la pandilla del Barrio 18. En el historial delictivo de Carlos sobresale un proceso judicial por mutilar a una mujer y abandonar su cabeza en un parque. Otra condena por homicidio aquí, otra por tenencia de granadas allá Pese a su encierro en el penal de máxima seguridad, el veterano pandillero -45 años- impone su palabra en las calles, las mismas en donde viven 62 mil jóvenes pandilleros, según el último informe del Ministerio de Justicia y Seguridad.¿Por qué los jóvenes siguen con una devoción casi religiosa las órdenes de esos pandilleros? El 47% de las personas asesinadas en El Salvador son personas entre los 18 y los 30 años. Integrarse a una pandilla desde joven y lograr vivir más de tres décadas es un mérito. En el caso de Heriberto y Carlos sus liderazgos se reconocen por su pasado durante la guerra civil salvadoreña y su capacidad de oratoria. La pandilla está hecha mierda por falta de visión política. Esa frase la pronunció Carlos y unos meses después, en secreto, lograron negociar con el Gobierno salvadoreño una reducción de los homicidios a cambio de beneficios penitenciarios.Los líderes de pandillas recriminan que, después de la guerra, el Gobierno no fue capaz de combatir la pobreza y de generar empleos dignos para superarse. Esas políticas de reinserción social y productiva ni siquiera alcanzaron para los propios protagonistas de la guerra. Carlos y Heriberto, ahora pandilleros, no son los únicos que no recibieron ninguna compensación por su participación en el conflicto armado en el que murieron 80 mil personas. Unos 10 mil lisiados de guerra, tanto del ejército como del FMLN, exigen al Gobierno el pago de una pensión y para lograr su objetivo este año han organizado marchas y hasta se tomaron la catedral metropolitana durante varias semanas.El general de la Fuerza Armada y firmante de los Acuerdos de Paz, Mauricio Ernesto Vargas, reconoce que las políticas para que los combatientes dejaran las armas y se dedicaran a actividades productivas es la gran deuda del Gobierno salvadoreño y del mismo sistema de cooperación internacional.- El esquema de reinserción en El Salvador no es el más feliz. No puede tomarse como un modelo o como un ejemplo. La comunidad internacional apoyó para la guerra a uno u otro bando, pero para la paz ya no. Teníamos necesidades crecientes con recursos limitados, y todavía estamos emproblemados. Un consejo consultivo nos ofreció ayuda de 1,500 millones de dólares, pero solo nos dieron 400 millones. La comunidad internacional no respondió a la paz.Al igual que Vargas, Mijango cree que el 80% de los planes de reinserción fracasaron porque las opciones de superación que ofreció el Gobierno no cumplían con las expectativas de los combatientes. Así, por ejemplo, a muchos de los que vivían en la zona rural se les entregó tierras pensando que se dedicarían a la agricultura, pero ante las pocas posibilidades de superación que brinda ese oficio muchos prefirieron emigrar hacia los Estados Unidos. Otros se relacionaron con pandillas y con el crimen organizado, negocios más rentables.- Es clave cómo le vas a crear condiciones dignas, sociales y productivas, a personas cuya especialización ha sido el de la guerra, el de matar. Algunos de ellos incorporados a los procesos desde muy tempranas edades y no saben hacer otra cosa. No dar condiciones especiales de reinserción, becas, créditos de producción, créditos de vivienda, fue uno de los errores en que caímos.El general Vargas dice que este problema no fue exclusivo de El Salvador. En Nicaragua y Guatemala, países que en la década de los 80 también sufrieron guerras civiles, arrastran la misma debilidad, aunque con matices. Nicaragua no tiene grave problema de pandillas como sus países vecinos, pero la pobreza aún le sigue afectando. Guatemala, además de tener el problema de pandillas casi igual que en El Salvador, tiene que lidiar con un problema más: la conexión del narcotráfico y el crimen organizado con agentes y exagentes del Estado. ¿La nueva paz?El siete de mayo de 2009, los periódicos salvadoreños publicaron una foto del exdiputado Raúl Mijango, en la que se le veía esposado de las manos y custodiado por agentes de la Policía. Los fiscales le reprochaban dos cosas: contrabando de unos recipientes de gas y tenencia ilegal de armas de guerra. Sobre la primera acusación dijo que era una venganza de sus rivales políticos y sobre el fusil AK 47 justificó que era un recuerdo que guardaba de la guerra y que tenía un permiso especial. Mijango estuvo detenido y la justicia demoró un año para establecer que no había pruebas para su condena.Mijango salió libre y desapareció. Su nombre volvió a la agenda pública hasta en marzo de este año cuando asumió la responsabilidad de propiciar una tregua entre las pandillas que provocó el desplome de los homicidios en El Salvador: antes del ocho de marzo de 2012, el promedio de homicidios diarios oscilaba entre los 12 y 14 diarios. Después de esa fecha, la cifra se redujo a cinco crímenes cada día.Estar en la cárcel me permitió conocer a algunos reos y entender su problemática, dice.Mijango y el obispo Fabio Colindres son las personas que negociaron el entendimiento con las pandillas. Aunque el presidente salvadoreño Mauricio Funes dice que su Gobierno no ha negociado, el exdiputado ha confesado que todas las acciones para la tregua entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se dibujaron con la participación del ministro de justicia y seguridad, David Munguía Payés, un general en retiro.La negociación consistió en que los pandilleros dejaban de matar y, a cambio, el Estado retiró la vigilancia militar de los penales, sacó a los líderes de las pandillas del penal de máxima seguridad hacia otras cárceles con controles más laxos, permitió el ingreso de televisores a los recintos carcelarios y amplió los horarios de las visitas. Los pandilleros pidieron perdón por sus crímenes y oportunidades de trabajo y estudio. La decisión del Gobierno de Funes contrasta con las políticas de seguridad de administraciones anteriores, que desde el 2003 se inclinaron por aplicar una política de mano dura. Pero los homicidios, a pesar de las persecuciones, no bajaron: de 7 diarios, la cifra llegó a 14. Aunque el Gobierno no ha aceptado protagonismo en la política de la negociación, en los últimos meses el promedio de crímenes no pasa de cinco y las autoridades han convocado a la empresa privada a discutir una política integral de reinserción de pandilleros. Es tan importante, dijeron, que se puede considerar como un segundo acuerdo de paz.