Por incumplir una orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Sección de Ausencia de Reconocimiento de ese mecanismo transicional ordenó el arresto del director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda Villacob.
La Sección había decretado, luego de una solicitud del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), medidas cautelares para proteger el Cementerio San Martín, también conocido como ‘Cementerio de los Pobres’, un camposanto de Aguachica (Cesar) en el que podría haber varias víctimas de desaparición forzada.
La JEP mandó a suspender la exhumación y el traslado de los cuerpos que se encontrasen en el cementerio. Tras hacerle seguimiento a la orden, determinó, entre otras acciones, que debía convocarse una mesa interinstitucional para diseñar una política pública que establezca parámetros claros para la intervención de cementerios en el país.
El encargado de realizar esa mesa era el Ministerio del Interior, a través de su director de Derechos Humanos, Franklin Castañeda, quien tenía noventa días para presentar a la Sección la política pública diseñada.
Además, el Ministerio tenía treinta días para emitir una circular en la que se obligue a las alcaldías y gobernaciones salientes a informar a las candidaturas ganadoras, durante el proceso de empalme, sobre lo que cada mandato ha hecho para atender a las víctimas de desaparición forzada.
Sin embargo, el director Castañeda ha desobedecido ambas órdenes, a pesar de que la Jurisdicción lo ha llamado a responder en varias ocasiones. El 3 de noviembre la Sección abrió un incidente de medidas cautelares, debido su “incumplimiento reiterativo”.
El 17 de noviembre, Castañeda entregó un memorial alegando que sí cumplió con lo dispuesto por la JEP, y una semana después envió “documentos complementarios” al respecto.
Para la JEP, no obstante, se trata de acciones que se “realizaron de forma extemporánea, incompleta”, que obedecieron “a los requerimientos realizados por la Magistratura debido al incumplimiento de las mismas”, según el auto de 21 páginas con el que se ordena capturar al funcionario del Ministerio del Interior.
“Aunado a esto, lo cierto es que hasta la presente fecha la referida cartera ministerial no ha terminado de formular la política pública de intervención de cementerios en el territorio nacional”, se lee en el documento judicial.
Asimismo, aunque el Ministerio ha enviado una circular externa acatando lo determinado por la JEP, “lo cierto es que la misma fue remitida fuera del plazo de 30 días otorgados para su presentación, es decir, de manera extemporánea”. El funcionario debía enviar el documento el 12 de julio, pero lo hizo el 5 de octubre.
“Lo anterior es de suma gravedad”, apuntó la Sección, debido a que “muchos de los nuevos mandatarios vienen adelantando los procesos de empalme sin siquiera conocer el contenido del acto administrativo”.
Esto “resta efectividad” a lo ordenado por la JEP, dado que no se visibilizan las medidas implementadas por los gobiernos salientes “para optimizar la búsqueda de personas desaparecidas en sus territorios”.
Al no haber cumplido con la construcción del plan de intervención ni con la circular para los mandatarios locales, la Jurisdicción encontró un “incumplimiento deliberado” de parte de Castañeda, lo que generó “una grave afectación a los derechos de las víctimas”.
Por todo lo anterior, la Sección de Ausencia de Reconocimiento le impuso dos días de arresto a Franklin Castañeda Villacob, algo que se le notificó al director de la Policía Metropolitana de Bogotá. Luego de su captura, Castañeda deberá pasar el tiempo de su sanción en una estación de Policía.
Cuando salga de prisión, la JEP mantendrá el incidente de incumplimiento abierto hasta el 30 de abril de 2024. Es decir, hasta ese día vigilará que Castañeda entregue “de manera definitiva” la política pública de intervención de cementerios, “con la finalidad de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada”.
Por último, bimensualmente el Ministerio del Interior deberá presentar un informe sobre cómo lleva el plan de trabajo que permitiría desarrollar la política de intervención, así como sobre el avance de la mesa interinstitucional —que ahora deberá contar con los mandatarios electos— para garantizar el diseño final de ese instrumento.
Con información de Colprensa