La creciente inseguridad en Cali es uno de los temas que más preocupa a los caleños, puesto que delitos como el hurto, extorsión y homicidio continúan afectando a la ciudadanía.
Una muestra de ello es que en lo corrido del 2023 se han denunciado 15.638 hurtos a personas en la ciudad, Sin embargo, teniendo en cuenta que hay muchas víctimas de este delito que no acuden a las autoridades, la cifra podría ser mucho mayor.
Ante la frustración que estos casos generan, algunos consideran que la mejor opción es actuar con contundencia contra la delincuencia por lo que atacan a quienes, presuntamente, han cometido algún tipo de crimen.
Uno de los casos más recientes ocurrió en el centro de Cali, cuando un hombre aparentemente fue captado por las cámaras de seguridad de un local de zapatos en el momento en que guardaba un par de tenis en una bolsa plástica y salía apresuradamente con su pareja sin pagarlos.
Al enterarse, los comerciantes y transeúntes enardecidos salieron a la búsqueda del sujeto y cuando lo encontraron le propinaron una paliza hasta dejarlo casi inconsciente y tendido en el suelo, mientras que la mujer que lo acompañaba clamaba que no lo agredieran más.
El comandante de la Policía de Cali, brigadier general Daniel Gualdrón se ha referido a estos casos de violencia: “No le llamamos aquí justicia por mano propia, sino solidaridad equivocada de parte de algunos ciudadanos. Por su puesto que pueden tener solidaridad con lo que sucede en su entorno, pero no lesionando a estas personas. Se deben detener y entregárselo a la autoridad”.
Estos incidentes son cada vez más comunes, los caleños incluso tienen cuidado de grabar las dantescas escenas sin que salgan los rostros de los agresores, pues saben que el debido proceso es acudir a las autoridades para que realicen las acciones correspondientes.
“La paloterapia y otras acciones que se han inventado en Colombia son un tema muy delicado porque es un colapso del Estado porque este debe garantizar que a una persona la capturen y la juzguen con las garantías del debido proceso y los derechos humanos, pero cuando la justicia no es pronta la gente toma la toma por propia mano incluso llegando a asesinar, cuando en Colombia la pena de muerte está prohibida”, explicó el abogado y exsecretario de Seguridad de Cali, coronel (r) Carlos Soler.
Para un exuniformado de la Policía y experto en seguridad consultado por El País, estas acciones obedecen al descontento de los caleños que no confían en la institucionalidad y que no saben lidiar con las emociones de ira y frustración que producen los delitos como el hurto.
Y es que a pesar de que el Observatorio de Seguridad de Cali no lleva un registro específico de los casos de justicia por mano propia, se conoció que entre 2020 y 2022 más de 20 personas fallecieron por linchamientos en la ciudad y unas 155 perdieron la vida por casos de intolerancia en las calles.
Soler explicó que debido a los fenómenos de inseguridad que se sufren, los gremios deciden agruparse para cuidarse los unos a los otros.
“Se empiezan a organizar y los comerciantes, los taxistas, los conductores de buses, los de las motos, los del comercio del centro, los vecinos de los barrios y al ver que no actúa la Fuerza Pública, que desbordan las capacidades o que los capturan y los ven a los dos días por orden de algún juez o fiscal en la calle, entonces la próxima vez toman la justicia por su propia mano. Lo han normalizado porque, para ellos, la ley no hace nada”.
Esto quedó evidenciado en la encuesta más reciente de Cali cómo Vamos, donde el 79% de los caleños afirmaron que se sienten inseguros en la ciudad.
El exuniformado aseguró que esta situación se ha tornado en un problema social al que se le debe prestar especial atención, puesto que estas acciones están siendo normalizadas e incluso aplaudidas por los civiles del común, que por medio de las redes sociales celebran cada vez que alguien es agredido e incluso cuando fallece en medio de estos hechos delictivos.
Cabe mencionar que quien incurre en estas turbas violentas puede ser judicializado por diversos delitos. “Pueden incurrir en lesiones personales, en suplantación de la autoridad o en concierto para delinquir”, todos delitos graves penados por la ley, explicó Soler. Para él, la justicia por mano propia es un reto para el Estado Social de Derecho, porque si la institucionalidad no muestra resultados positivos, los ciudadanos van a seguir justificando estos comportamientos anticonstitucionales.
Por ello, los especialistas insisten que la pedagogía y la educación son la clave para entender que la dignidad humana debe ser inquebrantable, por lo que golpear a un ser humano en grupo, desnudarlo y arrastrarlo no debe ser una opción.
De la misma manera, las instituciones deben ser fortalecidas y trabajar articuladamente para evitar que los delincuentes vuelvan a delinquir a las pocas horas de ser capturados.