En el hecho más reciente, una joven es sostenida por varios hombres en una calle del centro de Cali mientras otra la golpea hasta dejarla sangrando. Horas antes, dos ladrones eran pateados por una turba en plena vía, mientras otros prendían fuego a la moto en que se movilizaban.
Más grave aún, a un joven señalado de hurtar un teléfono en el barrio Los Naranjos le fue amputada una mano en medio de la ira colectiva y al día siguiente la comunidad pedía a gritos el mismo castigo para otro delincuente detenido en la Pasoancho con 70.
Imágenes como esas se han hecho virales en los últimos días y aunque técnicamente se le conoce como justicia por mano propia, los expertos consideran que es una conducta peligrosa y reprochable en la que más que justicia, la gente cobra venganza.
Aunque los analistas consideran que nada justifica esa reacción violenta y el querer saldar una falta con un delito incluso más grave, sí creen que hay situaciones que están motivando este tipo de conductas.
La principal de ellas, según el analista y politólogo Fernando Giraldo, es la impunidad y el desespero de los ciudadanos ante tanto delito, tanta inseguridad y la ineficiencia de la justicia para procesar a los responsables de delitos como el hurto, que tanto impactan la sensación de inseguridad.
“Pensar que los jueces están dejando libres a los delincuentes es una aproximación distorsionada que hace la gente al ver la ineficiencia del Estado y sobre todo al sufrir las consecuencias del delito que el Estado no logra controlar. Entonces cree que el único que tiene garantías y derechos es el ladrón, que lo van a dejar libre y que los ciudadanos de bien no tienen las mismas garantías frente a esos delincuentes”, explica Giraldo.
El Índice Global de Impunidad ubica a Colombia en el quinto lugar en América Latina y el octavo en el ámbito internacional de los 59 países que se pudieron medir. Entre tanto el Valle del Cauca, donde según el Dane solo el 33 % de las personas confía en las instituciones de justicia, fue calificado con un nivel alto de impunidad.
Eso impacta directamente en la posibilidad de que una persona denuncie un hecho del que fue víctima. Solo en el 2020, según datos de la Policía, se presentaron 32.991 denuncias de hurtos de todo tipo y en lo corrido del año van 1.999 casos reportados.
“Pero el subregistro es altísimo, yo mismo no denuncié la primera vez que me robaron el celular porque comparto el sentir ciudadano que se informa a las autoridades y no pasa nada. La línea 123 está desbordada y la gente se queja que no contestan. Y cuando se denuncia es para cumplir un trámite, cobrar un seguro o remplazar una línea telefónica en un nuevo equipo”, enfatizó el concejal Fernando Tamayo.
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Una pandemia de intolerancia
Otro ingrediente en este coctel violento, según los especialistas, es la situación generada por la pandemia con el aumento de la criminalidad, lo que ha exacerbado los ánimos y ha acabado con la paciencia de las personas.
Así lo considera el exfiscal general Francisco José Sintura, quien coincide en que la autojusticia es una expresión clara del cansancio ciudadano ante la inoperancia de las autoridades.
“La gente se resiente cuando ve que no se persigue el delito; y aún más cuando se persigue el delito y no se judicializa apropiadamente a los responsables; eso genera un sentimiento absoluto de desasosiego y es un escenario indeseable”, advierte Sintura.
Esa misma impotencia y desespero ciudadano ante la desbordada inseguridad en Cali, dice el concejal Roberto Ortiz, es la que ha llevado a la gente a ejercer justicia por mano propia y a elevar el temor de que estas prácticas salvajes se incrementen.
“El gobierno de Jorge Iván Ospina ha fracasado en su obligación de brindarles seguridad a los caleños. El año pasado no hubo políticas públicas en seguridad, solo algunas ocurrencias como entregar mercados por armas y cosas parecidas que no condujeron a nada. Y pese a los índices de delincuencia, no le han dado importancia a la seguridad y antes redujeron para este año el presupuesto en cerca de $25.000 millones”, denuncia Ortiz.
Pero como Estado Social de Derecho, cuando en Colombia se captura a una persona debe ser llevada ante la justicia porque todo ciudadano tiene unos derechos y nadie puede abusar ni atropellar ni condenar a alguien sin que vaya ante un tribunal como debe ser en un país democrático.
Hacer justicia por mano propia, de acuerdo con el constitucionalista Juan Manuel Charry, está penalizado en el Código de Procedimiento Penal. “Es un delito contemplado en la legislación vigente en Colombia como ejercicio arbitrario de las propias razones”.
Aunque no ha ocurrido en ninguno de los casos que se han hecho virales en Cali, lo correcto es que las autoridades policiales intervengan, detengan y lleven ante la justicia a quienes ejercen su propia ley. Por más que actúen motivados por la ira, la Fiscalía debe investigar y los jueces juzgar su acción.
De acuerdo con el Artículo 111 del Código Penal, será sancionado quien cause mediante lesiones personales la incapacidad, deformidad, perturbación funcional, psíquica o perdida anatómica de un órgano o miembro.
Es decir, quien amputó la mano a un joven en el barrio Los Naranjos, estaría sometido a una pena de entre 8 y 15 años de prisión, y una multa de entre 33 y 150 salarios mínimos mensuales. Y la pena se extiende en una tercera parte si la pérdida del miembro es total. En este caso la mano pudo ser reimplantada por los médicos.
Lo grave de esta situación, según el politólogo Giraldo, es que la turba no mide el límite del castigo. “Si alguien comete un atropello contra mí, no soy yo quien debe decidir el castigo”.
“Se supone que cada persona tiene el derecho a ser cuestionado por un juez, a que se defienda, que se realice correctamente su captura y se le den absolutamente todas las garantías; y tiene que ser así por definición porque si no mañana cualquiera se ve envuelto en una situación sin ser culpable y ser linchado en el acto por la comunidad”, dice Giraldo.
En el auge de este tipo de comportamientos violentos por parte de algunos ciudadanos, ocupan un papel preponderante las redes sociales, legitimando lo indebido, alimentando la idea de que es así como se debe actuar o mostrando el supuesto éxito de este tipo de actos ‘justicieros’.
“Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y sus corrientes de emotividad que pueden ser perniciosas. Las redes son canalización de la opinión y muchas veces motor para alimentar la opinión pública en un sentido u otro; hoy en día podemos hablar de linchamientos virtuales y olas de opinión que están incentivando a la violencia y que están conduciendo a la opinión a respaldar actividades que son ilícitas”, señala Juan Manuel Charry.
Ejercer arbitrariamente las propias razones, dicen los expertos, evidencia una descomposición social y del aparato judicial que es urgente revertir.
Porque la manera de enfrentar estos actos de ‘paloterapia’ o ‘masajeada’ como la gente los llama para buscar ‘algo de justicia’, es una reforma que lleva décadas en el tintero; pero que mientras ocurre, es necesario promover la confianza en los jueces antes de que la ira colectiva pase de amputaciones a penas callejeras de muerte.