El Caso 11 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, investigará la violencia de género cometida por la Fuerza Pública contra civiles, uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado interno de Colombia.
“Lo que hacemos en este macrocaso 11 es dialogar con más de cinco años de trabajo nuestro en el tema de violencia sexual y violencias basadas en género”, aseguró el magistrado Óscar Javier Parra Vera, quien se encargará de estas indagaciones.
“En ese sentido, es como un punto de llegada y un punto de partida metodológico”, agregó. Con estas investigaciones se buscará establecer los patrones de macrocriminalidad en la violencia sexual, violencias por prejuicio, violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres o la violencia reproductiva.
Si bien en su apertura el caso 11 fue ampliamente discutido dentro de la Jurisdicción, puesto que debía definirse si la justicia transicional tenía que encargarse de la violencia sexual o si era necesario crear un nuevo frente de investigación, Óscar Parra consideró que el anuncio del nuevo macrocaso representa una evolución en la manera en que la JEP ejerce sus funciones.
“Aquí hubo una evolución en el análisis metodológico”, afirmó. “Lo que estamos enfatizando es un análisis a la luz de patrones, y la idea de patrones no está anclada a conductas específicas o delitos específicos. Es decir, un patrón no es una suma de asesinatos, de desapariciones, etcétera, sino que un patrón implica el análisis de motivaciones que permiten, ahí sí, unir conductas o crímenes. Esto parece un tema técnico, pero tiene todo que ver con los grandes objetivos de la Jurisdicción”.
De la misma manera, Parra resaltó que se le da “autonomía y visibilidad a las violencias basadas en género, atendiendo al reclamo que nos hacen muchos grupos de mujeres, de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y un nivel importante de movilización legal, por decirlo de alguna manera”.
¿Cómo se llevará a cabo el proceso?
El siguiente paso en este proceso es impulsar la acreditación de las víctimas, llamar a versiones voluntarias a las personas ya identificadas como perpetradores y determinar los hechos y conductas que se pueden imputar.
“Lo que puede ver el país hoy es que, de los casi mil informes que recibió la JEP, había un número importante que era sobre violencias basadas en género, incluida violencia sexual, violencia reproductiva y violencia por prejuicio. Cada uno de sus informes menciona hechos específicos y posibles perpetradores. Hay varios casos que no tienen un perpetrador claro, pero lo que viene entonces es llamar a los que han sido señalados en informes presentados por las víctimas o instituciones”, indicó el magistrado.
La clave de estos llamados es que se podrá realizar un análisis profundo sobre por qué una persona estuvo involucrada en este tipo de violencia, sus motivaciones y los contextos en los que se dieron los hechos. Además, las víctimas de este flagelo podrán alzar la voz y ser escuchadas.
Cabe resaltar que los crímenes sexuales y basados en ideas de género solo serán competencia de la JEP si están relacionados con el conflicto armado. “Seguiremos viendo con detalle qué nos indica la evidencia en los casos concretos y en el marco de los patrones”, mencionó Parra.
Aunque existen retos en materia de la aplicación de la justicia restaurativa, el magistrado hizo énfasis en la importancia de generar espacios seguros tanto para las víctimas como los comparecientes. “Hay víctimas que jamás han querido hablar de estos hechos, no se han sentido en confianza para hablar con una autoridad judicial”, apuntó.
Óscar Parra concluyó que la importancia de este macrocaso es que permitirá entender la instrumentalización de los cuerpos como armas de guerra, incluyendo a menores de edad y mujeres.