La canciller de Colombia, Laura Sarabia, fue llamada por la Fiscalía General de la Nación para rendir su declaración juramentada este viernes 28 de febrero, en medio de la investigación que lleva a cabo dicho organismo con el fin de esclarecer las posibles ilegalidades en el régimen de financiación de partidos y movimientos políticos, así como la presunta violación de los topes electorales establecidos en la campaña Petro Presidente en el 2022.
Según fuentes oficiales, Sarabia inicialmente iba a acudir al búnker de la Fiscalía en Bogotá este jueves 27 de febrero, sin embargo, su cita fue reprogramada y ahora acudirá el día siguiente para entregar su testimonio, dado que en ese entonces cumplía un papel clave como coordinadora de la campaña. Su rol ha sido determinante dentro del actual gobierno, ocupando cargos de alta responsabilidad como jefa de despacho, directora del Departamento de Prosperidad Social y ahora ministra de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con el medio El Colombiano, la propia Sarabia habría solicitado su comparecencia para aclarar cualquier inquietud relacionada con su papel en la campaña. Sin embargo, su testimonio cobra especial relevancia en un contexto de creciente escrutinio público y judicial sobre el manejo de los fondos que financiaron la candidatura de Petro.
Según lo revelado por la revista Semana, las autoridades buscan establecer si hubo ingreso de dinero de origen ilegal o no reportado en la contienda electoral, luego de toda la polémica que se ha desatado por los recientes escándalos, lo que constituiría una violación a las normas de financiamiento político en Colombia.
Nuevas declaraciones y posibles implicaciones
Este caso ha tomado mayor dimensión tras la reciente declaración del empresario catalán Xavier Vendrell, quien compareció ante la Fiscalía en relación con la financiación de la campaña del Pacto Histórico.
Su testimonio fue recibido por el fiscal coordinador del Eje Temático de Protección a los Mecanismos de Participación Ciudadana de la Dirección Especializada contra la Corrupción (DECC), Elkin Ardila Espinosa.
Además, en la investigación también se han vinculado los explosivos audios del ahora ministro del Interior, Armando Benedetti, en los que afirmó haber gestionado 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial. Frente a esto, Benedetti fue citado por el ministerio el pasado 27 de enero, no obstante, no asistió a la diligencia.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía continúan recolectando pruebas y testimonios para determinar el origen y manejo de los recursos utilizados durante la campaña, en el marco de la investigación abierta tras la divulgación de los audios de Benedetti, y así determinar si las indagaciones tienen mérito suficiente para abrir un proceso judicial.
*Con información de Colprensa y redacción El País