El accionar de los grupos armados organizados se ha incrementado tras la suspensión por parte del Gobierno Nacional del cese bilateral al fuego. Esto sumado al uso de nuevas modalidades de ataque como artefactos explosivos improvisados, drones y francotiradores, reflejan un escenario cada vez más complejo de la guerra en el país, donde se prevé un aumento en el número de bajas de miembros de la Fuerza Pública (Militares y Policía), este año.
Según datos del Ministerio de Defensa, con corte al mes de septiembre, un total de 62 uniformados fueron asesinados y 318 resultaron lesionados.
Los territorios más afectados son: Antioquia (16) seguido de Cauca (12), Arauca (7), Nariño (4), La Guajira (4) y algunas zonas como Bolívar, Magdalena, Norte de Santander (5), César (2) y Vichada, Casanare y Bogotá (1).
En cuanto a los lesionados, el departamento del Cauca registra el mayor número de casos (75), seguido de Antioquia (46) Valle del Cauca (45), Arauca (31), Sur de Bolívar (15) y Nariño (12). En ese sentido, Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, señala que el asesinato de miembros de la Fuerza Pública está asociado a muchos factores, uno de ellos es que continúa el escenario de riesgo por el desarrollo de operaciones militares debido a la ruptura del cese al fuego en muchas de las zonas en las que antes existía este mecanismo.
No obstante, advirtió que los grupos armados han determinado en algunas zonas “un ataque frontal” a la fuerza pública. “Un ataque cobarde, sin respeto por el DIH, que no corresponde a la lógica de proporcionalidad en el ataque”, afirmó la investigadora.
Según dijo, un ejemplo de lo anterior fue lo que ocurrió recientemente en el norte del Cauca donde funcionarios del Inpec, si bien estaban armados, fueron rematados superando todo escenario de acción violenta.
Igual sucede en regiones como Arauca y Antioquia donde los ataques no son directos con las armas sino mediante la instalación de minas antipersonales con el fin de reducir la capacidad de control territorial de los militares.
Para Cabezas, la muerte de uniformados más que a un debilitamiento de la Fuerza Pública, responde a la inestabilidad y desasosiego que viven estos grupos que, a través de su accionar violento, buscan volver a una negociación o generar acercamientos con el Gobierno.
“Parece haber una afrenta directa contra la Fuerza Pública: hostigamientos, asesinatos, muchos de los cuales no están vinculados en el ejercicio de su labor sino incluso cuando están por fuera de servicio, aunque no se podría decir que haya una orden expresa de los grupos armados de un plan pistola” subrayó.
Como se recordará, el pasado 28 de octubre, el patrullero José Miguel Atehortúa Varela, de 24 años, fue asesinado con tiros de fusil cuando verificaba el cierre perimetral de la Estación de Policía del municipio de Sucre, Cauca. Este hecho se atribuyó más que a hostigamientos a un ‘plan pistola’.
Nuevas modalidades de ataque
Por otro lado, el general ( R ), Guillermo León, presidente nacional de Acore, (Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares), anotó que la política de Paz Total del Gobierno nacional ha tenido serias falencias.
Agregó que desde su implementación se acordaron unos ceses bilaterales al fuego con los grupos armados organizados, lo que “ha traído serias dificultades con respecto a la situación de violencia en los territorios”.
De igual forma, sostuvo que desde que se suspendieron los ceses bilaterales al fuego, estos grupos han incrementado su acción criminal, lo que se refleja en un aumento de acciones terroristas contra oleoductos, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento, confinamiento y extorsión.
Estos fenómenos, según León, vienen respaldados con nuevas modalidades para efectuar ataques y acciones terroristas como son el uso de aparatos explosivos improvisados que empiezan a generar la mutilación de partes y extremidades de las tropas. “Esto tiene un efecto importante de cómo empieza a subir la dinámica de violencia”, aseguró.
Además, la utilización de nuevas tácticas como drones y francotiradores de manera permanente en algunas regiones del país, ha terminado por afectar la dinámica operacional de las tropas. “El tema de los francotiradores sirve para cumplir objetivos tácticos y estratégicos: por un lado, detener las operaciones de la tropa que se moviliza en los territorios tratando de recuperar el control de los mismos, pero también presionar al Gobierno para nuevamente llegar a una negociación de otro cese al fuego bilateral y con estos fenómenos criminales de alguna manera ganar posición en la mesa de negociación”, afirmó el oficial retirado.
Entre tanto, el senador Ariel Ávila, indicó que al romperse el cese al fuego esto ya se veía venir. “Seguramente la cifra de este año va a ser más alta”, apuntó el congresista al referirse a la muerte de militares y policías.
“El año pasado había cese al fuego, muy criticado por ciertos sectores que pedían volver al conflicto, se volvió al conflicto y estas son las consecuencias de volver a la confrontación directa y eso no va a cambiar por los próximos dos o tres años, hay que dejarlo claro”.
Ávila reiteró que cuando se mira dónde mueren los militares, coincide con las zonas donde actualmente hay guerra. “En Argelia, Cauca, han caído alrededor de 12 militares en el último mes y medio, en minas o con un francotirador”, manifestó.
Aunque recalcó que hace 10 o 15 años, antes del proceso de paz, la cifra era de 1200 a 1900 uniformados, “entonces, si bien hay un aumento, este es mucho más bajo que en las peores épocas de violencia en Colombia”.
Finalmente, Willy Valdivia Granda, director de investigación de la empresa de seguridad nacional OIB, indicó que si bien en los dos últimos años ha habido una reducción de baja de militares, entre 2018 y 2023, 651 miembros de la Fuerza Pública fueron asesinados. El año pasado hubo 84 bajas.
Sin embargo, precisó que en desarrollo de la Paz Total los grupos insurgentes y organizaciones criminales se han expandido a otros municipios y los reportes de tráfico de armas se han incrementado en 132%.
“Esto señala que la pérdida de operatividad genera una mayor vulnerabilidad. La historia ha demostrado que negociar con grupos armados desde una posición de debilidad militar por parte del Estado ha sido un factor crucial en el fracaso de los procesos de paz en el país”, enfatizó.
¿Qué hacer?
El general ( R ) Guillermo León, insistió en que el Gobierno no puede ceder a renunciar al ejercicio pleno de la autoridad en todo el territorio nacional, y que se deben desarrollar operaciones militares en cada una de las regiones; pero, para ello, se requiere trabajar sobre la moral combativa de la tropa, reentrenar las unidades de las diferentes fuerzas y prepararlas para el combate y las operaciones que duraron suspendidas por un buen tiempo.