Medidas de fondo para la seguridad y no repetición ante la estigmatización, los asesinatos, las desapariciones de líderes sociales y la violencia de género, fue el clamor de los habitantes de Buenaventura tras un ambiente de violencia que está acabando con su tranquilidad.

“No queremos miradas de lástima, de pobres negros, sino soluciones y ojos para que vean la capacidad de resiliencia que tenemos”, dijo uno de los promotores del Paro Cívico, en una de las reuniones que adelantó la semana pasada la Comisión de la Verdad en esta ciudad con diferentes sectores.

Allí la comunidad contó cómo desde el 30 de diciembre del año pasado, el miedo volvió a apoderarse de las personas ante las constantes amenazas por parte de grupos armados ilegales. De la misma manera, afirmaron que hace poco más de dos semanas tuvieron que salir desplazadas unas 30 familias por la reaparición de bandas urbanas. Estos testimonios fueron dados a conocer por la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (Civp), Fundescode, Pastoral Social y el Paro Cívico.

"Aquí dormimos con un ojo abierto": así se vive la violencia en los barrios de Buenaventura

El día a día de las familias en el Puerto es complicado, narró la Comisión, muchas de ellas están sufriendo de nuevo el desplazamiento urbano interno, la presión de armas de alta potencia y el poder de las mafias que se mezcla con autoridades y ciudadanos, que ponen en riesgo el liderazgo de aquellas organizaciones que quieren sacar a Buenaventura adelante.

“Lo más doloroso es la destrucción de la vida humana, la inseguridad, la incertidumbre, pero tenemos una enorme decisión de querer saber lo qué está pasando para que esto nunca más vuelva a ocurrir”, coincidió la comunidad. Y esto se ve reflejado en uno de los barrios más convulsionados del Puerto, Juan 23, donde banderas blancas cuelgan de las ventanas como una expresión de resistencia y paz, mostrando a gritos el miedo que tienen por la inminente aparición de nuevas ‘casas de pique’.

La comunidad también insistió en la importancia de que el informe final que presente la Comisión incluya la verdad del Pacífico como un capítulo especial, en el que se puedan describir las características estructurales de la violencia que pasa por una disputa por el control territorial, y otra muy focalizada.

Entre tanto, Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, les hizo un llamado a continuar en su objetivo de lograr un futuro más humano. “Los invito a que planteemos esos problemas estructurales de fondo. Esos problemas que el pueblo quiere que nosotros le digamos a los políticos y a los empresarios del país. Buenaventura debe enfrentar esos problemas estructurales para que las cosas cambien”.

Reclamo a las autoridades

La Comisión también se reunió con las autoridades locales, donde De Roux fue enfático en pedir medidas urgentes para acabar con la violencia que se está viviendo, y dijo que “el impacto que le causa a uno la forma como vive gente en Buenaventura es tan vergonzoso, que uno no entiende cómo Colombia acepta una situación tan inhumana (...) Esto es salvaje, es inmoral, es contrario a la dignidad humana”.

A su vez, el comisionado Leyner Palacios rechazó la pasividad del país. “Nos preguntamos ¿dónde estamos los colombianos que permitimos que esto les pase a otros colombianos? Aquí hay una responsabilidad ética y moral. Fue decepcionante escuchar que los jóvenes viven en casas que no cuestan más de seis o siete millones de pesos, pero tienen fusiles y armas que cuestan 30 o 40 millones de pesos. Alguien les está dando esas armas”, aseguró.

Tras la visita, la Comisión dijo que se necesita buscar una propuesta seria para acabar con lo que está sucediendo, porque para el padre de Roux “lo que pasa en Buenaventura es un símbolo de lo que está pasando en toda Colombia de una manera muy dolorosa”, a lo que Palacios agregó que no es concebible que “una población que vive alrededor de un puerto sea tan pobre y esté tan humillada. Es inconcebible escuchar que la gente no puede salir de su casa después de las cuatro de la tarde porque la matan”.

Incertidumbre pese a presencia militar

Habitantes de Buenaventura y expertos en seguridad dijeron que los trabajos que viene adelantando la Fuerza Pública desde hace unos días se han visto, pero insistieron en que estos deben ser de manera sostenida para que no se vuelva a repetir la misma historia.

Para el analista Diego Arias, “hay un amplio despliegue policial, militar y de judicialización en Buenaventura, que se traduce en un número significativo de capturas e incautaciones. Pero pese a eso, hay mucha incertidumbre, ya que en otros momentos se han dado las mismas operaciones y luego vuelve y se debilita la presencia del Estado y las bandas regresan a la misma dinámica”.

“Otro elemento es que la ciudadanía sigue reclamando el cumplimiento de los acuerdos del Paro Cívico, una intervención integral, de servicios sociales y básicos y en eso no se siente que haya un plan urgente, a pesar de tantas reuniones y demás”, dijo Arias.

Cabe recordar que el lunes pasado, la Comisión de Paz del Senado de la República sesionó de manera presencial en Buenaventura para escuchar a los representantes de las comunidades de las zonas de Bajamar que están padeciendo de nuevo una ola de violencia, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y confinamiento.

Ese mismo día, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ordenó el traslado de la sede seccional del Valle de Buga a Buenaventura, en lo que dijo fue una decisión estratégica. Asimismo, las autoridades informaron que en lo que va de este año han capturado a 124 integrantes de la banda ‘La Local’.