Después de realizarse, durante dos días, la audiencia de imputación de cargos ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo (Putumayo), los 25 militares involucrados en la masacre de la vereda Alto Remanso, ocurrida en 2022, fueron vinculados a un proceso judicial. Sin embargo, los imputados se declararon inocentes.
La masacre ocurrió el 28 de marzo de ese año, cuando un comando del Ejército Nacional abrió fuego contra las personas que estaban asistiendo a una feria comunitaria en la vereda Alto Remanso (Putumayo), en el hecho murieron 11 personas, de las que 8 eran civiles, entre ellos un joven de 16 años. También una mujer embarazada resultó herida.
Aunque, en su momento el hecho fue calificado como un operativo militar ‘exitoso’ que pretendía dar de baja al cabecilla Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, de las disidencias de ‘Iván Márquez’, posteriormente una investigación de El Espectador, Vorágine y Cambio reveló que alias Bruno nunca estuvo en el lugar, y que los militares habían pretendido obligar al vicepresidente de la Junta de Acción Comunal para que se hiciera pasar por el guerrillero, todo lo cual fue mencionado por el fiscal acusador en la audiencia de imputación.
La investigación de los medios de comunicación citados, que está siendo tenida en cuenta por la Fiscalía, determinó que la escena también fue alterada y que durante la operación los militares habían disparado 1597 cartuchos contra la población y lanzado 14 grandas, por alrededor de dos horas. Además, después de tomada la población, retuvieron a las habitantes en una cancha por cerca de seis horas.
Después de varias dilaciones, debidas a los abogados que representan a los militares, se inició el proceso en el que fueron acusados por homicidio contra persona protegida y tentativa de homicidio contra persona protegida.
El proceso judicial contra estos militares quedó en manos de la Fiscalía, debido a que la Corte Suprema de Justicia lo asignó, después de que la defensa de los militares pidiera que se resolviera con la Justicia Militar. Cabe recordar que los hechos ocurrieron durante el gobierno del expresidente Iván Duque, que tenía como ministro de Defensa a Diego Molano.
Entre los militares imputados se encuentran un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 17 soldados profesionales. Actualmente, solo son 24 militares, dado que uno falleció en el tiempo que se tardó en empezar el proceso.
Ellos son, en orden de jerarquía: el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza.
A ellos se suman los cabos Wilmer Leonardo Rodríguez Arango, Wilson Andrés Santamaría Ramos, Cristian Pérez Galindo, Dairo José Arboleda Toro, Jhon Félix Badel Correa, Edinson Javier Esteban Aguiar, José Efraín Lectamo Yalanda, Santander Licona Ramos, Wilmer Mosquera Poscué, Luis Ángel Núñez Peña, Danilo Quintero Urrea, José Alexánder Villa Ciro, Fenancio Noé Anama Escobar, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeizon David Becerra Gutiérrez, Róbinson Beleño Herrera, Franky Fabián Hoyos Pérez, Jhon Freddy Hoyos Quiñónez, Carlos Alberto Perdomo Romero, Jeisson Rico Soto y Yeison Andrade Rivera Holguín.