Si todo hubiese salido según lo planeado, Andrés Manuel y José Neyder ya tendrían su peluquería en Potrero Grande, en el oriente de Cali. Ambos recibieron talleres en formación empresarial y emprendimiento, pero permanecían sentados en una esquina a la espera del apoyo económico para la compra de máquinas e insumos.
El proyecto naufragó el pasado 9 de agosto cuando la Policía de Ecuador ingresó en la vivienda 175 de la Calle Édison Mendoza, en el centro de Quito, y detuvo a seis colombianos por su presunta participación en el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial ultimado a la salida de un mitin político. Entre ellos estaban los aspirantes a barberos.
La noticia rodó por entre los callejones y viviendas maltrechas del oriente de Cali, pero más por curiosidad que por otra cosa. En Potrero Grande nada impresiona; allí se nace sin capacidad de asombro.
Sin embargo, sí deja un claro sinsabor a Carlos Éder Mina, la persona que durante ocho meses estuvo con ellos en su proceso de transformación y preparación para el reinicio de lo que sería una vida lejos de dinámicas de criminalidad. Según sus antecedentes judiciales, Andrés Manuel había estado detenido por porte de armas y José Neyder, por un caso de hurto.
“No se trata de justificar lo que hicieron o no hicieron, pero veníamos en un programa con ellos, capacitándolos y cuando iban a terminar el curso, íbamos a ayudarles con lo de las máquinas, pero a veces los factores se estancan y entonces llegó más fácil una fuerza negativa, que los insumos para el proyecto”, dice Mina, quien trabaja como mediador de convivencia.
Parte de esas capacitaciones se hicieron en el mismo barrio porque muchos de los jóvenes no pueden salir del territorio por líos con otros sectores, y otras se adelantaron en la Fundación Alvaralice, o la Arquidiócesis de Cali.
Potrero Grande es un barrio planificado en el oriente de la ciudad para reubicar allí a residentes de zonas vulnerables como el jarillón del río Cauca, de la laguna del Pondaje y decenas de familias que debieron salir desplazadas por el conflicto armado en todo el Pacífico colombiano.
“Es un sector que tiene una mezcla de pobreza y vulnerabilidad muy fuertes, que tuvo poca oferta social cuando inició el barrio, y con una violencia que termina siendo parte de la cotidianidad en la que crecen los jóvenes”, explica Juan Camilo Cock, director ejecutivo de la Fundación Alvaralice.
“Lo de nosotros es darles apoyo y acompañamiento a los jóvenes que están cogiendo el camino de la violencia para que tengan otra opción de vida. Pero a los que escojan no aprovechar la oportunidad, pues hay otro tipo de consecuencias que deben enfrentar y que es donde entra lo policivo y lo judicial, que también está fallando en muchos de nuestros barrios”, explica.
Varios de los caleños capturados en Ecuador cruzaron de manera ilegal la frontera dos semanas antes del asesinato del candidato presidencial. De lo que pasó después ya han hablado bastante los noticieros.
La otra batalla en Potrero Grande
Sin embargo, lo que sí genera preocupación es que bandas trasnacionales del crimen estén aprovechando la vulnerabilidad de los jóvenes del oriente de la ciudad y reclutándolos para sus fines o intereses delincuenciales.
Porque solo uno de los seis detenidos tenía antecedentes por homicidio, Adey Fernando García, quien en el momento de la captura debía estar en su vivienda del barrio El Vallado, la que un juez le había concedido mediante el beneficio de casa por cárcel, según el expediente al que tuvo acceso El País.
Por eso el esfuerzo que día a día realizan en el oriente de Cali fundaciones como Alvaralice, a través del programa Abriendo Caminos, la Fundación Sidoc, con su programa Forjar Oportunidades, o el Tecnocentro Cultural en los que les muestran a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que existen oportunidades distintas a la delincuencia.
A través de este tipo de iniciativas, empieza el eje de transformación “y después entran a toda la oferta de formación para que finalmente logren un empleo o apoyo a un emprendimiento”, agrega María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, entidad que articula a las demás organizaciones en Compromiso Valle.
Sin embargo, es difícil lograr el éxito en todos los casos. Entre otras cosas porque la oferta criminal es constante y los programas de entidades públicas y privadas no logran esa continuidad, pero muchos jóvenes han salvado sus vidas gracias a estas iniciativas.
El mismo Carlos Éder Mina es prueba de ello. “Yo estudié y trabajo con la Fundación Alvaralice ahora, pero para conseguir empleo me tocó voltear bastante y ser rechazado muchas veces; y pensé ‘¿será que me va tocar coger las armas?’. Porque en Potrero Grande es más fácil acceder a un arma que a un empleo formal. A usted en la calle le colocan más fácil una pistola y una moto que una oportunidad de empleo”.
“Aquí los muchachos tienen, primero, la necesidad, y segundo, la debilidad y la vulnerabilidad, y se aprovechan de él. En Potrero Grande no operan los grupos armados físicamente, pero sí ha sido una zona clave de reclutamiento. Y aquí se han dado muchas charlas, pero eso no funciona”, detalla el mediador de convivencia.
Ninguna de las familias ha logrado contacto con los capturados en Ecuador, considerados por la Justicia de ese país como integrantes de “una peligrosa red internacional de sicarios”, como señala el expediente.
El único caso cerrado por ahora es el de Johan David Castillo, alias Ito, el joven caleño que disparó contra el candidato Villavicencio y luego fue abatido por el personal armado al servicio del entonces candidato presidencial. Su cuerpo fue sepultado en Cali.
Hace una semana el juez del caso avaló nuevas capturas dentro del proceso por el magnicidio de Villavicencio y entre otros detenidos, varios relacionados con la temida banda Los Lobos, figura otro caleño. Se trata de Víctor Alfonso Flórez, quien residiría en el barrio Nueva Floresta.