El Gobierno Nacional amplió el cese bilateral al fuego con una fracción del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc hasta el próximo 15 de octubre, lo que creó dudas sobre la implementación de la medida ya que este grupo armado se dividió, por lo que el freno a las acciones bélicas aplicará solamente a la facción liderada por Alexander Díaz, alias Calarcá, dejando de lado a los hombres que están bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco
Fue por medio del decreto 0888 que el Gobierno Nacional terminó el cese al fuego con 24 estructuras “en el Suroccidente que operan en Cauca, Nariño y Valle del Cauca y todas las que están bajo el mando de ‘Iván Mordisco’”, señaló el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien detalló que permanecerán en la mesa de negociación 16 estructuras que integran los bloques Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez y el frente Raúl Reyes. Este último es una fracción del Bloque Carolina Ramírez, que era comandado por ‘Iván Mordisco’ y que decidió separarse del mismo.
¿Dónde delinquen estas estructuras?
Los hombres comandados por ‘Calarcá’ en el Bloque Gentil Duarte están presentes en Norte de Santander, Antioquia, sur de Bolívar y bajo Cauca antioqueño. Por su parte, el Bloque Jorge Suárez Briceño delinque en Guaviare, Caquetá, Tolima, Meta y parte de la Amazonía, zonas donde extendió el cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional.
Por su parte, la Fuerza Pública atacará las 24 estructuras bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ que operan en diferentes zonas del país, como en el Valle del Cauca, Quindío, Tolima y Huila en el Bloque Central Isaías Pardo. A este grupo se suman las estructuras de Cauca y Nariño donde se levantó la tregua en marzo por incumplimientos de la estructura ilegal. Además, también quedó por fuera del alto a las hostilidades el Comando Conjunto de Oriente que opera en Casanare, Norte de Santander y Arauca.
De la misma manera, el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, hace presencia en Guainía, Vichada, Meta y Guaviare.
Ante la división de las disidencias de las Farc, se va a elaborar un protocolo para la georreferenciación de los grupos armados “como la identificación de un espacio territorial ocupado por una organización armada para evitar la confrontación, pero además lo que significa de la posibilidad de control total del territorio”, indicó el ministro, Iván Velásquez.
A pesar de lo anterior, el investigador del conflicto armado y experto en seguridad, Néstor Rosanía, explicó que este va a ser uno de los retos de la tregua, puesto que se está viviendo un conflicto de alta fragmentación “ese es el peor escenario de un conflicto porque cada vez es más difícil que haya negociaciones y entre más división, más difícil le queda al Estado tener un control territorial”.
Esta situación ha hecho que la Fuerza Pública tenga problemas para reaccionar, manifestó Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, quien explicó que “si el Ejército para y se le atan las manos para operar, cuando le pidan que vaya contra la arremetida, ya ha perdido capacidades y mientras las vuelve a adquirir se pierde tiempo valioso”.
Los expertos aseguraron que otra dificultad va a ser distinguir las estructuras con las que se tiene o no tregua a pesar de la georreferenciación que se va a implementar. “El margen de una equivocación es alto porque, por ejemplo, pueden terminar en un fuego cruzado pensando que son un grupo que no tiene un alto a las hostilidades y termine siendo el ELN que sí tiene un cese al fuego”, dijo Rosanía, ya que varias estructuras están en el mismo espacio geográfico.
Por su parte, el fortalecimiento de las disidencias de las Farc durante la detención de hostilidades es otro problema al que se tendrá que enfrentar la Fuerza Pública. Según Carvajal, mientras el Ejército dejó de atacar a las disidencias, estas aprovecharon para comprar armas, explosivos, incrementar los cultivos ilícitos, llegar a nuevos territorios y explotar los recursos naturales a través de la minería ilegal.
“Mientras el Ejército si para sus operaciones, los otros se fortalecen, entonces no hay una paridad en capacidades y se debe hacer un esfuerzo para llegar a esa necesidad”, sostuvo el consultor en seguridad, por esta razón, gobernadores de varios departamentos solicitaron que no se extendiera el cese al fuego, ya que en lugar de beneficiar a la población civil, los grupos se han hecho más robustos.
Por lo anterior, los especialistas aseguraron que la detención de hostilidades, además de buscar un desescalamiento de la violencia, debe estar acompañado por políticas que beneficien a las comunidades como la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
“La lógica que se utilizó fue que al existir un cese al fuego no habría víctimas, pero la realidad es que en el informe de la Defensoría del Pueblo quedó detallado que, contrario a esto, en Colombia se creó un impacto humanitario peor porque lo que hicieron los grupos fue un crecimiento territorial y armado aumentando la violencia debido a que el proceso es entre el Estado y los grupos, no entre las mismas estructuras ilegales”, explicó Néstor Rosanía.
Por ello Iván Carvajal concluyó que se debe fortalecer la Fuerza Pública y neutralizar la amenaza, pues “el diálogo y la Paz Total no funcionó con el primer proceso de 2016 y no va a funcionar ahora. A la par hay que darle herramientas a los municipios para que puedan fortalecer las rutas de seguridad”.