Más de nueve mil personas han demandado al Estado colombiano por, supuestamente, haber permitido que los privaran injustamente de la libertad y, según expertos, esta cifra no refleja la realidad de este tipo de error, que tiene un impacto social y económico en los afectados y, en general, en el país.

Según datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), para el primer trimestre del año habían recibido 9634 demandas en contra de entidades públicas del orden nacional por este hecho.

En cuanto a reparación económica, las demandas suman $15.366 millones.
Para el especialista en derecho penal Iván Camilo Pizza, esta situación obedece a que Colombia es un país muy inclinado a equiparar la justicia con el encarcelamiento y a que las instituciones contribuyen a esto con el populismo punitivo.

“Hay dos motivos principales por los que estos casos se presentan: por un lado, como sociedad nos hemos enfocado en que la solución de los problemas generales es la privación de la libertad. Eso conduce a que no haya políticas estatales para dar solución a largo plazo a las necesidades básicas de las personas, así que la mayoría de los ciudadanos le exige a las instituciones estatales soluciones que sean de naturaleza punitiva.

Por otro lado, la Fiscalía responde a esa exigencia de seguridad social y se concentra en entregar resultados inmediatos y no resultados a largo plazo. Entonces se promueve que cada acusación termine en privación de la libertad, aunque no se tengan las pruebas suficientes para construir un caso lo suficientemente sólido para poder llevar esas personas ante una condena”, explica.

Durante el primer trimestre del año en curso se han recibido 9634 demandas
en contra de entidades públicas por privaciones injustas de la libertad.

Y añade que cada vez más los gobiernos emplean las condenas de cárcel como un trampolín político y pone de ejemplo el aumento de penas a agresores de menores, algo que no reduce las cifras de violencia. También dice que los efectos de la privación injusta de la libertad son muy profundos, por lo que se debe buscar una reforma que exija mayores pruebas a la Fiscalía antes de otorgar la medida de cárcel.

“Cuando una persona es privada de libertad tiene una mancha en su nombre, pierde su empleo, en muchos casos pierde a su familia y tiene que endeudarse para afrontar el proceso judicial. Para la sociedad en general, el efecto es que se debe pagar con el patrimonio nacional todos los errores de los jueces y los fiscales. Esos $15.000 millones deben salir de los bolsillos de todos los colombianos. Esto ha llegado al punto en el que desde el 2018 el Consejo de Estado ha generado jurisprudencias para tratar de limitar las demandas contra el Estado. Entonces ahora tenemos a los jueces superiores de la Rama Judicial sacando sentencias que son contrarias a la lógica para contrarrestar el efecto funesto que ha tenido esta situación en el país”, dice el jurista.

Por su parte, Richard Valencia, abogado experto en derecho penal, cree que una de las razones que explican esta situación es la falta de personal en la Fiscalía, que en muchas oportunidades no tiene capacidad de enviar investigadores a recolectar pruebas y recoger declaraciones. Narró el caso de un cliente suyo a quien acusaron de un homicidio mientras se encontraba prestando servicio militar.

“Era muy sencillo para la Fiscalía comunicarse con el batallón para comprobar que mi defendido estaba en su interior, haciendo imposible que cometiera el delito. Sin embargo, se le decretó privación de la libertad. El problema es que acá, aunque es un Estado garantista, primero lo meten a la cárcel y luego piden perdón”.

El penalista Juan David Castillo dice que, sumados a los factores anteriores, hay una perversión de la medida porque se usa como presión para lograr acuerdos y sumar casos cerrados.

“Un proceso en Colombia puede durar entre dos y tres años, y la persona debe defenderse tras la rejas, entonces termina por aceptar cargos para tener una pena más baja y no someterse a un proceso largo y difícil. Sin embargo, los perjuicios causados a quien termina en la cárcel son muy altos y no son fáciles de reparar”, explica.

También indica que, pese a ello, hay quienes deciden ir a juicio y en un enorme porcentaje terminan venciendo a la Fiscalía y terminando como posibles demandantes.

Además, dice, esta tendencia provoca otro fenómeno al hacinamiento, al punto que al superarse la capacidad de las cárceles. Ahora el problema se ha trasladado a las estaciones de Policía, restando capacidad a los uniformados que no tienen entre sus funciones el cuidado de presos.

Entidades más demandadas

La Fiscalía, con 1221 fallos en contra, y el Ministerio de Defensa, con 1185 fallos, son las dos instituciones que más demandas tienen.

La Rama Judicial también ha sido demandada por casos de privación injusta de la libertad y ha sido afectada con 817 fallos. Otras entidades son el Ministerio de Justicia, que tiene 120 fallos contrarios, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con 81.

Según el Consejo de Estado, desde el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de marzo se habían dado 174 fallos por privaciones injustas de la libertad.