El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se entregó este martes a las autoridades en la estación de Policía de El Retiro, Antioquia, para cumplir la condena de más de siete años que pesa en su contra por parapolítica.

El pasado 20 de abril la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en primera instancia por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.

Esto porque entre 2001 y 2007 tuvo vínculos ilegales con Vicente y Carlos Castaño, para la financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Para el alto Tribunal, Ramos recibió dinero del extinto excomandante del Bloque Centauros, Miguel Arroyave, para la financiación de sus campañas políticas, a cambio de que les ayudara a pasar desapercibidas sus acciones al margen de la ley ante las autoridades.

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Así mismo, se menciona una reunión en Medellín, en el Centro Comercial Obelisco, en la que habría participado alias ‘Jota’ del bloque Metro. “Para la Sala, los hechos demostrados sobre el origen y objeto de la reunión, la escogencia del procesado para asistir a la misma, dada su condición de Congresista amigo de las AUC y los señalamientos de integrantes de las autodefensas sobre apoyos previos, así como su cercanía con algunos dirigentes de la organización al margen de la ley, confluyen para estructurar la asociación para delinquir”, aseguró la Corte.

En el fallo se explica que Ramos acudió a esa reunión por voluntad propia “a espaldas del gobierno nacional, en horas de la noche, en un lugar no autorizado y entre los amigos y allegados de Vicente Castaño”.

También se le cuestionó al exgobernador, una reunión clandestina en Bello (Antioquia) que habría sostenido con el exparamilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.

Para la Corte, "el encuentro tuvo como objeto que ‘Ernesto Báez’ transmitiera el mensaje remitido por el jefe de las autodefensas, Vicente Castaño, a quienes consideraban sus amigos, el acusado (Ramos) y Oscar Suarez Mira (condenado por parapolítica), para que colaboraran con sus gestiones en el Congreso a fin de que la ley de justicia y paz se expidiera de conformidad con sus intereses”, se lee en los hechos del fallo.