En la tercera sesión de la Audiencia de Aporte a la Verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, adelantada este lunes 15 de mayo, Salvatore Mancuso se refirió, entre otros a casos en los que se habrían presentado injerencias del paramilitarismo en asuntos públicos, contratación oficial, alianzas políticas y relaciones con entes judiciales.
Luego de referirse la influencia del paramilitarismo en las elecciones de la época “no solo a nivel regional sino también nacional”, Mancuso solicitó a los magistrados de la JEP “que estos temas podamos hablarlos en audiencia privada”.
Sobre la contratación pública y cómo su organización habría influido en ella, el exjefe paramilitar aseguró que controlaron a alcaldes de municipios donde estaban las regalías del oro y con ellos lavaban dineros del narcotráfico que llegaban desde Panamá. Así mismo dijo que en Córdoba cobraban el 20% de cada contrato y le entregaban un 10% a los alcaldes y las autodefensas se quedaban con otro 10%.
Poner fichas claves en puestos oficiales fue otra de sus prácticas, según las declaraciones de Mancuso a la JEP. En la audiencia mencionó el caso de su cuñado Manuel Troncos, quien fue secretario de Salud del departamento de Córdoba, resultado de “un pacto en contiendas electorales (...) Fueron múltiples los nombramientos que se dieron”.
Sobre las inversiones o acuerdos con empresas, así como sobre sus relaciones con gremios, el exparamilitar se refirió a las constantes reuniones que se habrían dado con personajes como Giorgio Sale, o Jorge Visbal Martelo de Fedegán y Rodrigo García Caicedo del Fondo Ganadero de Córdoba, al igual que con Sabas Pretelt de la Vega, quien según él “era asiduo visitante de los campamentos de Castaño”.
Sobre el manejo de los dineros ilícitos confirmó que muy poco pasó por la Banca Financiera, porque la mayoría se guardaba en caletas.
Ni la Fiscalía se salva
En la audiencia ante la JEP, Salvatore Mancuso habló sobre las supuestas relaciones con la Fiscalía, con la cual, dijo, en esa época hubo acuerdos para no perseguir a las autodefensas, para que se archivaran casos y se desvirtuaran otros.
Mancuso afirmó que “Con la Fiscalía tuvimos relaciones a muy alto nivel, incluso a nivel de fiscales generales de la Nación. A través de ellos nombramos a Rosalba Negrete, directora del CTI, Ana María Flórez, Magali Moreno”. Además aseguró que “Incluso en Norte de Santander falsos positivos se hicieron con la Fiscalía”.
Apoyo a empresas
De nuevo, Mancuso insiste en que ayudaron a cuidar la infraestructura petrolera: “Desde Ecopetrol nos entregaban información del itinerario de bombeo y tipo de combustible. Hubo operaciones en los Montes de María con extracción de combustible acompañados de miembros de la fuerza pública”.
El cobro de ‘impuestos’ al sector bananero habría sido el pago para apoyar a sus empresas, y que a la Fuerza Pública se le entregaba un centavo de dólar que se administraba a través de las Convivir. Sobre los nombres de los involucrados aseguró que luego precisaría sus nombres.
Otra de las empresas mencionadas son Postobón y Bavaria. De la primera dice que “pagaba 10 millones de pesos mensuales a través de un acuerdo directo”, mientras asegura que Bavaria se beneficiaba de poder distribuir donde operaban lo paramilitares.
Asesinatos de sindicalistas
Mancuso se refirió este lunes a los asesinatos de varios líderes, algunos de esos crímenes ordenados por Carlos Castaño directamente, como el del presidente de la USO Aury Sará Marrugo, en 2001, ocurrido en Bolívar y a quien el fallecido paramilitar habría mandado a matar “bajo la acusación de ser un miembro del frente Jaime Bateman Cayón del ELN”.
También relacionó los asesinatos de los sindicalistas de la multinacional Drummond, Cándido Méndez y Gustavo Soler, nombres que habrían sido informados por altos mandos militares.
Cabe recordar que una vez finalice la Audiencia de Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, esa corte iniciará el proceso de contrastación del testimonio entregado por el exparamilitar y decidirá si es o no aceptado en la JEP.