El nombre de Mario Burgos ha sido uno de los más laureados en los últimos años al interior de la Fiscalía General de la Nación, donde ha tenido a su cargo varios casos de relevancia nacional, algunos de los cuales se han concluido de manera satisfactoria para el ente investigador.
Sin embargo, desde este domingo 11 de agosto se cierne sobre él una nube de críticas sin precedentes, luego de que Caracol Noticias revelara en primicia un video en el que se ve al reconocido estilista Mauricio Leal, minutos antes de su muerte, asegurar que se enterró varios “cuchillos” en su abdomen, después de, aparentemente, haber asesinado a su madre.
El celular con el que supuestamente fue grabada la cinta se encontró en la trágica escena, justo entre los cuerpos de Leal y su madre, Marleny Hernández; sin embargo, argumenta Caracol Noticias, la grabación nunca fue incluida dentro del material probatorio para ser tenida en cuenta durante el curso de la investigación.
Esto ha sido ampliamente cuestionado por la defensa de Jhonier Leal, hermano de Mauricio y quien fue condenado por doble homicidio por el hecho.
Otros juristas en el país y usuarios en redes sociales también han tachado ahora a Burgos, por lo que consideraron una gravísima falta de garantías procesales, de ser cierto lo que se dice en el video.
Al parecer, según una versión, ese video nunca estuvo en el celular que fue recogido en la escena, le comentó Mario Burgos al abogado de las víctimas Elmer Montaña, quien posteriormente lo reveló a los medios. Añadió que, de lo contrario, los investigadores y Burgos mismo lo hubieran incluido en el expediente.
Mario Burgos, como se comentó, no es un principiante para casos de esta relevancia. Hasta hace poco tenía a su cargo la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por presunto enriquecimiento ilícito durante la época de la campaña presidencial del hoy Jefe de Estado.
Y la razón por la que Burgos ya no está al frente es debido a serias irregularidades que han sido denunciadas en su contra durante ese proceso. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial le formuló tres cargos por dos faltas gravísimas y una falta grave.
El primero de ellos, por permitir que se filtraran videos realizados dentro de la investigación penal contra Nicolás Petro mientras era el fiscal del caso, videos que fueron publicados por algunos medios de comunicación. El segundo y tercer cargo, por haber realizado presiones indebidas en el interrogatorio al hijo del presidente para que declarara en contra de su familia.
En ese proceso también se cuestionó la falta de garantías procesales contra el fiscal, que hasta hace un tiempo era el hombre de mayor confianza de la fiscal encargada Martha Mancera, y a su vez, del exfiscal Francisco Barbosa, quien le delegó en 2021 la investigación que involucró a Jhonier Leal y luego lo elogió por una supuesta resolución del caso en muy poco tiempo.
Aunque en sus diez años en la Fiscalía ha logrado algunos casos de éxito, como la judicialización de quienes ejecutaron en Cartagena el crimen del fiscal de Paraguay Mauricio Pecci o el proceso que llevó a la condena en 2021 de Amanda Azucena Castillo, rectora del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, por su responsabilidad en los hechos que llevaron al joven Sergio Urrego a quitarse la vida tras ser víctima de discriminación por homofobia en esa institución, también ha tenido casos complejos por los que ha sido cuestionado.
El más sobresaliente es el homicidio de Santiago Murillo, el joven que murió luego de recibir un disparo por parte de un policía el 1 de mayo de 2021 en Ibagué, durante las manifestaciones del estallido social que vivió Colombia.
La prueba balística fue contundente al señalar que la bala que asesinó a Murillo provino del arma de dotación del mayor Jorge Mario Molano, quien era el comandante de la estación de Policía Norte de Ibagué. Sin embargo, nunca logró una condena, pese a tener esa prueba en su poder.
Hoy vuelve a estar en el ojo del huracán por la revelación de la cinta que cambiaría, de ser cierta, la historia de Mauricio Leal, lo cual le obligaría a dar explicaciones y, como algunos juristas ya especulan, a enfrentar procesos disciplinarios y penales por presuntamente haber desestimado esa prueba en el marco de la investigación del caso.