Víctimas le exigieron al Ministro de Justicia que se llegue a la verdad sobre las más de 300 muertes, durante el acto de reconocimiento y perdón que realizó el Estado en ese municipio.
Consuelo Valencia, a sus 65 años, llora cada vez que visita el monumento a los desaparecidos en el parque cementerio de las víctimas de Trujillo, Valle.
Allí, en una placa de mármol están escritos los nombres de 88 personas. Dos de ellos eran sus hijos de 16 y 19 años, quienes el 1 de diciembre de 1990 fueron sacados a la fuerza de su casa en la vereda Playa Alta por un grupo paramilitar.
Han pasado 26 años, y desde entonces no han sanado las heridas que le causaron estos hechos. Ella también tuvo que ver morir a su esposo, a quien lo mató la pena de no poder evitar que esos hombres, fusil en mano, se llevaran a sus hijos.
El pasado sábado, mientras Consuelo escuchaba al ministro de Justicia, Yesid Reyes, pidiendo perdón a las víctimas del holocausto, ella movía su cabeza en señal de desaprobación.
Luz Dary Vargas, hermana de José, Orlando y Arbey Vargas, quienes fueron sacados de su taller de ebanistería y subidos a un campero por hombres armados a plena luz del día, el 2 de abril de 1991, piensa que era el presidente Juan Manuel Santos quien debía pedir perdón.
Dice que le resulta inexplicable que las autoridades no reaccionaran si el hecho ocurrió a menos de una cuadra del puesto de Policía. Qué nos ganamos con que el Gobierno venga a pedir perdón, sí no se hace justicia. Seguimos esperando que capturen al mayor Alirio Urueña, del Ejército Nacional, y al entonces teniente Berrío, comandante de la Policía en Trujillo y que aún siguen prófugos.
En sentido contrario habló Gladys Fernández, sobrina del sacerdote, Tiberio Fernández, torturado, decapitado y cuyo cuerpo fue arrojado al río Cauca junto con el de su sobrina Isabel, Norbey Galeano y Óscar Pulido.
[[nid:530248;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2016/04/trujillo-perdon.jpg;full;{Después del discurso, algunos familiares de víctimas se acercaron al ministro Yesid Reyes para reclamar justicia y reparación.Foto: Javier Jaramillo | El País}]]
Estoy convencida de que llegó el momento del perdón, lo que no podemos hacer es olvidar estos hechos, indicó Gladys, quien dijo que su corazón está dispuesto a perdonar a Henry Loaiza, alias El Alacrán, por el asesinato del religioso. Él se ha declarado inocente, pero sabemos que es el responsable de la muerte de mi tío.
Según la investigación y testimonios recogidos por la Fiscalía, El Alacrán asesinó al padre Tiberio Fernández con una motosierra.
En doce allanamientos ilegales los paramilitares buscaban armas o alguna evidencia para vincular a estas personas con la guerrilla. En el hecho se llevaron a la enfermera del pueblo y a diez campesinos más a la finca Villa Paola, de El Alacrán, en donde fueron asesinados, desmembrados y arrojados en volquetas al río Cauca.
Ya en el corazón de cada cual está que nosotros perdonemos o no al Estado, que sigue en deuda con los familiares de las víctimas de Trujillo, dijo Orlando Arboleda, quien no ocultó el temor porque, según él, no existen condiciones de seguridad para que estos hechos no se repitan.
Por su parte, Nelson Fernández, presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo, sostuvo que aceptan el gesto moral del Estado de pedir perdón. Sin embargo, agregó que falta reconstruir el tejido social, establecer la verdad, la justicia y reparación.
Entretanto, el ministro Yesid Reyes es consciente de que sus palabras sólo son el comienzo, porque el Estado tiene que seguir trabajando en condenar a los culpables de la masacre y a encontrar a los desaparecidos.
Precisamente, esa fue una de las peticiones del abogado de las víctimas, Eduardo Carreño, quien dijo que en Marsella, Risaralda, reposan cientos de cadáveres, entre ellos, de víctimas de Trujillo que la Fiscalía aún no ha identificado para que sus familiares puedan cerrar sus heridas.
Recuerde
342 personas habrían sido asesinadas en Trujillo (Valle del Cauca) por escuadrones de la muerte al servicio del narcotráfico, que contaron con la complicidad de algunos miembros de la Fuerza Pública.
26 años después de la masacre, la Justicia aún no termina de investigar y juzgar a los responsables de los homicidios que conmocionaron a los habitantes de Trujillo entre los años 1988 y 1991.