El pasado domingo 9 de marzo, el municipio de Ocaña, Norte de Santander, fue escenario de una nueva masacre que dejó cinco personas muertas y al menos seis heridas. Los ataques se registraron de manera simultánea en dos establecimientos comerciales del barrio Los Sauces, una tienda y un bar situados a una cuadra de distancia.
Según informes preliminares, hombres armados en motocicletas llegaron a estos lugares y abrieron fuego contra las personas que allí se encontraban. Entre las víctimas fatales se encuentra una mujer y, de acuerdo con algunas versiones, una menor de edad, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente. Los heridos fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde tres de ellos permanecen bajo observación médica.
Una región sumida en la violencia
Este nuevo episodio de terror ocurre en medio de la grave crisis de seguridad que enfrenta la región del Catatumbo, donde operan grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las FARC. Estas organizaciones se disputan el control de rutas del narcotráfico y actividades ilícitas, lo que ha generado un aumento de la violencia.
Desde enero, la confrontación entre estos grupos ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes. Según cifras del Gobierno Nacional, alrededor de 55.000 personas han sido desplazadas y se han reportado más de 70 asesinatos relacionados con el conflicto. La ACNUR estima que la cifra de afectados podría superar las 85.000 personas, incluyendo desplazados y ciudadanos confinados en sus hogares debido a la violencia.
Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro decretó conmoción interior en Norte de Santander, con el objetivo de reforzar la seguridad y restablecer el control del Estado en la región. Además, se han desplegado 10.000 miembros de la Fuerza Pública para contrarrestar el accionar de los grupos armados y proteger a la población civil.
Reacciones y llamado a la justicia
Las autoridades locales y nacionales han condenado enérgicamente la masacre de Ocaña y anunciaron que se adelantarán investigaciones exhaustivas para capturar a los responsables. La Policía de Norte de Santander y la Fiscalía General de la Nación están recopilando evidencias y testimonios que permitan esclarecer los hechos.
Mientras tanto, la comunidad de Ocaña y del Catatumbo vive momentos de consternación y miedo. Organizaciones sociales han exigido al Gobierno Nacional medidas efectivas para frenar la violencia y garantizar la seguridad en la región. Asimismo, se insiste en la necesidad de avanzar en diálogos de paz con los grupos armados para poner fin a la guerra que ha desangrado al país por décadas.
Las familias de las víctimas claman por justicia y esperan que este nuevo hecho no quede en la impunidad. Mientras tanto, la sociedad colombiana sigue enfrentando los desafíos de construir un país en paz y libre de violencia.