Las Minas Antipersonal, (MAP), Municiones Sin Explosionar (Muse) y las Trampas Explosivas continúan siendo una práctica vigente en buena parte del territorio nacional por parte de los grupos armados ilegales, causando un alto costo en términos de pérdidas de vidas humanas, tanto de la Fuerza Pública como de la población civil.

Incluso, en los últimos tres años ha habido una mayor afectación para las comunidades asentadas especialmente en zonas rurales en cuanto al número de víctimas.

Según Raquel Vergara, coordinadora de la Fundación Barco y líder de la iniciativa Pasos Seguros, en Colombia históricamente las mayores víctimas eran de la Fuerza Pública, pero en los últimos cuatros años se ha visto más afectada la curva de civiles.

Por ejemplo, explica, de las 123 víctimas registradas en el 2022, 75 eran civiles y 48 de la Fuerza Pública. Esto prende las alarmas en relación a poder advertir a la población civil sobre los riesgos que representan estos artefactos explosivos.

Advierte además que si bien en los últimos tres años ha habido una tendencia a la baja en el número de víctimas 2020 (176), 2021 (157) y 2022 (123), también es cierto que existe un subregistro importante del tema que continúa como un problema latente en el país.

“Especialmente porque el informe de la ONU sobre cultivos ilícitos dice que en el 2021 crecieron un 40 % y generalmente el control territorial que se hace para los mismos son con minas antipersonal”, señala Vergara.
Agrega que los departamentos con mayor afectación por el uso de estos artefactos explosivos son: Antioquia, Meta, Nariño, Norte de Santander y Caquetá.

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Por ejemplo, una de las zonas donde no se ha podido adelantar el desminado es la región del Catatumbo donde los grupos armados ilegales siguen utilizando esta estrategia para el control de los territorios e impedir el avance de las Fuerzas Militares.

“Falta mucho para que Colombia esté libre de minas porque hay nuevas recontaminaciones en el territorio. Es una problemática a largo plazo, de ahí que el reto más grande es que las comunidades tomen conciencia del peligro para lograr generar cambios de comportamiento y evitar afectaciones”, insiste.

Datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, señalan que en el país se han presentado un total de 12.289 víctimas por Minas Antipersonal y Munición sin Explotar, (entre 1990 y 2022), de las cuales 7332 corresponden a miembros de la Fuerza Pública y 4957 a civiles.
Asimismo, se ha registrado un total de 30.849 incidentes y 7239 accidentes.


Adicionalmente, 11.864.313 metros cuadrados han sido despejados en los 1122 municipios del país, declarados 299 libres de sospecha de minas, priorizados 12, mientras otros 122 están por priorizar y 405 no tienen reporte de afectación.

Por su parte, Mariana Monroy, directora del programa Acción Integral contra Minas Antipersonal, Aicma, expresó que estos artefactos son instalados como un arma estratégica para controlar corredores asociados con el tema del narcotráfico.

“En este momento los accidentes se están presentando en corredores estratégicos de tráficos de economías ilegales y donde hay presencia de cultivos ilícitos”, dijo Monroy.

En este sentido, indicó que al revisar la estadística de víctimas, durante el 2021 se registraron 98 civiles y 59 de la Fuerza Pública.
En lo que va corrido de este 2023 se han presentado alrededor de seis víctimas.

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Otra práctica que no es reciente, pero se ha venido extendiendo en el país son las minas en las copas de los árboles, las cuales se activan por tensión o el roce de la persona, afectando el rostro y extremidades superiores de las víctimas. Esta estrategia es utilizada por disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Valle del Cauca
El mayor Andrés Felipe García Gallego, oficial de operaciones del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario número 6, asegura que en el Valle del Cauca están trabajando desde el 2017.
Para ese año, 24 de los municipios no registraban eventos por Minas Antipersonal (MAP), o Municiones sin Explotar.

De los 18 municipios restantes, diez ya fueron declarados como libres de sospecha de minas antipersonal, y entregados a la población civil. Son ellos, Cali, Bugalagrande, Riofrío, Calima, Guacarí, El Cerrito, El Águila, La Cumbre, San Pedro y Sevilla.

Actualmente, están pendientes por intervenir ocho municipios, de los cuales se están adelantando trabajos de desminado en Palmira, Buga, Tuluá y Jamundí. “Estamos interviniendo 33 sectores en Palmira, en los corregimientos Toche y La Nevera, pero también en Potrerillo”, dijo el oficial.

Igualmente, ocho sectores en la parte alta del municipio de Buga.
En Jamundí ingresaron la semana pasado para adelantar concertaciones con la población civil, con el apoyo de la Alcaldía. Ya les fueron asignados además Buenaventura y Dagua.
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