“El Gobierno, a través de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, está adelantando todos los trámites para que estos integrantes del ELN sean enviados a Colombia y respondan por sus delitos, además, porque ya fueron condenados por las autoridades judiciales”, dice Wilson Ruiz, sobre el requerimiento hecho a Cuba con respecto a los jefes de esa guerrilla.
En entrevista con El País, el titular de la cartera de Justicia también explica las cifras de la pandemia en las cárceles del país y cómo será la vacunación en esos establecimientos.
¿Cómo va la reglamentación de la prisión perpetua a homicidas y abusadores de menores que deberá presentar al Congreso en marzo?
Este proyecto de ley regula la prisión perpetua revisable frente a los delitos de homicidio agravado y acceso carnal agravado cometidos contra niñas, niños o adolescentes, de manera que recoge la vocación del Acto Legislativo 001 del 22 de julio de 2020, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución, al imponer la prisión vitalicia de manera excepcional para los agravantes que comportan grados de violencia considerables o aprovechamiento de la situación de indefensión de la víctima. Además, la revisión en un plazo no inferior a 25 años para evaluar la resocialización del condenado... No significa que pueda recobrar la libertad de manera automática, si demuestra un avance exitoso en su resocialización y luego de cumplir con unos requisitos específicos, tendrá que terminar de cumplir la condena efectiva que hoy contempla el Código Penal para esta clase de delitos.
Usted ha recorrido varios penales del país. ¿Qué balance hace del hacinamiento en ellos?
El hacinamiento se ha reducido del 54,7 % al 19,9 %. Se ha efectuado, además, el traslado de personas privadas de la libertad desde centros transitorios a establecimientos de reclusión del orden nacional, y se avanza en la construcción de nuevos centros penitenciarios. Trabajaremos en adoptar acciones de corto plazo que permitan optimizar el tratamiento penitenciario y se seguirá propendiendo por políticas públicas que logren la racionalización de la política criminal, la prevención de la reincidencia y la resocialización, continuando con las acciones que en materia de cupos e infraestructura permitan mejorar las condiciones de reclusión de la población privada de la libertad, de acuerdo a los estándares de la Corte Constitucional.
Específicamente sobre las cárceles del Valle, ¿qué nos puede decir?
En el Valle del Cauca hay dos proyectos de infraestructura. En Cali se está construyendo uno que reportará 4500 nuevos cupos y en Palmira se está avanzando en la construcción de infraestructura modular para la habilitación de 510 nuevos cupos. Adicional, estamos a la espera de una decisión judicial para terminar el establecimiento de Buga, cuya obra se ha avanzado un 85 %, pero también hacemos coordinaciones con la Alcaldía de Cali para dar solución a la problemática de los centros de detención transitoria, que si bien no están a cargo del Inpec, tratamos de buscar la colaboración de distintas entidades que aporten para brindar condiciones más dignas a estas personas privadas de la libertad.
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¿Qué cifras tienen sobre el covid en los penales del país?
De acuerdo con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, se han realizado 55.070 pruebas RT PCR, que han arrojado 24.008 resultados positivos, 22 con segunda prueba persistentes positivos, 30.240 negativos, 800 en espera de resultados y 650 casos activos, lo que equivale al 0,67 % de toda la población. Se han presentado 131 fallecidos, lo que equivale al 0,54 % de la población afectada. Actualmente hay 41 establecimientos con casos activos, a los cuales se les realiza seguimiento estricto y se adoptan acciones interinstitucionales de respaldo para contener los brotes.
¿Cómo se hará la vacunación allí?
Con el Ministerio de Salud se establecieron acciones específicas: En la Fase 1, etapa 1, se vacunará al personal médico y de guardia, custodia y vigilancia que está en la primera línea de atención del covid. En la Fase 1, etapas 2 y 3, se vacunará a las personas privadas de la libertad con factores de riesgo o comorbilidades. En la Fase 2, etapa 4, se vacunará a toda la población privada de la libertad que no ha presentado covid. Así, en cuanto a las fases y poblaciones beneficiarias, la vacunación a los privados de libertad se realizará siguiendo las instrucciones del Plan Nacional de Vacunación y el modelo de atención en salud para la población privada de la libertad con el que cuenta la Uspec (contratante de los servicios de salud para los penales), el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL y los operadores de salud intramurales.
Se está organizando la información de la población privada de la libertad a partir de listados censales que emite el Inpec semanalmente. La vacunación en las áreas de sanidad intramurales se hará con todas las exigencias definidas por el Minsalud sobre uso de medidas higiénico sanitarias, con explicación del procedimiento, diligenciando de formatos de consentimiento informado, registro de entrega de carné, fecha de próxima aplicación y observación del paciente por 30 minutos.
Se denuncia que personas con prisión domiciliaria están cometiendo delitos, como en el caso de uno de los supuestos implicados en la masacre de Llano Verde, en Cali...
Al Inpec le corresponde ejercer el control al cumplimiento de la medida domiciliaria de orden judicial, mediante visitas periódicas y control del mecanismo de vigilancia electrónica (manillas) por parte del personal de custodia de cada establecimiento de reclusión, de acuerdo a su jurisdicción. Cuando se presentan incumplimientos a la prisión domiciliaria o alteración a los dispositivos se realizan informes a la autoridad judicial de manera inmediata, para que se determine la revocatoria de la misma, siendo esta la acción que procedería en los casos objeto de la pregunta.
Su antecesora dejó avances en la reforma a la Justicia. ¿Cómo va ese proyecto de ley?
Desde el primer día del Gobierno de Iván Duque, esta cartera ha impulsado ante el Congreso un paquete de iniciativas que contribuyen a una verdadera Reforma Integral de la Justicia, que buscan el fortalecimiento al acceso a la justicia formal y alternativa de los ciudadanos, especialmente de aquellos que se encuentran en la ruralidad. Es así como hoy surten trámite legislativo el Estatuto de Conciliación, la reforma a la comisarías de Familia, el Estatuto de Arbitraje, la creación de la Especialidad Rural y Agraria, la reforma al funcionamiento de los consultorios jurídicos y el convenio sobre el cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, así como la aprobación del tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional. Y el pasado 25 de enero se convirtió en ley la iniciativa trabajada con el Consejo de Estado sobre la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
¿Y sobre la reforma en concreto, qué nos dice?
El 18 de noviembre radicamos el proyecto que reforma la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia. Luego de un proceso de concertación, se radicó para primer debate el 11 de diciembre, suscrita por los ponentes de los partidos Centro Democrático, Conservador, la U, Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde, Colombia Humana, Polo Democrático y Farc. Actualmente se está impulsando el desarrollo de la audiencia pública de socialización, a fin de brindar celeridad al trámite y se pueda surtir el primer debate al inicio del periodo de la legislatura.
¿A raíz de la pandemia, hay quejas por la demora en la administración de Justicia y porque mucha gente está saliendo por vencimiento de términos. ¿Qué se está haciendo?
El Decreto 806 de 2020 adoptó medidas transitorias para el acceso a la justicia a través de medios virtuales como el uso de las TIC en los procesos judiciales, precisando que si los sujetos procesales o la autoridad judicial no tienen la posibilidad de acudir a estos medios, podrán adelantarlos de manera presencial respetando las medidas de bioseguridad. Municipios, personerías y otras entidades públicas facilitarían a los usuarios acceder a sus sedes para conocer y tramitar las actuaciones judiciales virtuales. Se dictaron disposiciones para darle aplicación y validez a la notificación de las partes a través de canales digitales; se eliminó el requisito de presentación personal de los poderes y se promovió la radicación de la demanda a través de las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura dispuso para tal fin.
El proyecto de ley sobre la Reforma Estatutaria a la Administración de Justicia adopta disposiciones en materia de transformación digital aplicada a la Rama Judicial que, unido al esfuerzo para la consecución de recursos con la banca multilateral, son el referente necesario para iniciar la implementación del expediente judicial electrónico en el país. Ya se cuenta con una aprobación de una primera operación del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo.
¿Qué garantías se les dará a los paramilitares que vienen de E.U. y a las víctimas que esperan que les digan la verdad?
Sobre ellos varias situaciones. Unos regresan a cumplir las condenas que ya se dieron en los tribunales de Justicia y Paz y algunos, pese a estar condenados, tienen procesos pendientes en esa jurisdicción (como Mancuso); pero hay otros que fueron excluidos de Justicia y Paz, como Jorge 40, por lo cual deben responder ante la justicia ordinaria. El Estado toma medidas para asegurar que comparezcan ante los jueces que los requieren, desde los sitios en los que estarán recluidos, y puedan responder ante sus víctimas.
Por otra parte, garantizar la verdad es uno de los propósitos de la justicia transicional, vista como respuesta del Estado frente a la garantía de los derechos de las víctimas. Así el Ministerio, dentro del respeto a la autonomía de los jueces, siempre hace un llamado a poner a las víctimas en el centro de la justicia y a que las garantías sean pensando en las víctimas más que en los victimarios.
Su cartera está tramitando la extradición de cuatro líderes del ELN. ¿Qué pasará si el Gobierno cubano no responde a esa solicitud?
El Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, está adelantando todos los trámites para que estos integrantes del ELN sean enviados a Colombia y respondan por sus delitos, además porque ya fueron condenados por las autoridades judiciales. Nuestro deber es dirigir, por los canales diplomáticos, las solicitudes de extradición. Esperamos la colaboración de las autoridades internacionales en la lucha contra la delincuencia.