La dirigente indígena Carmelina Yule falleció en las últimas horas en Cali, luego del ataque de las disidencias de las Farc a la comunidad en Toribío, Cauca. La Mayora Yule tenía 52 años, era artesana y en 2019 coordinó el programa “mujer del territorio”.

La líder fue herida en la tarde del sábado, 16 de marzo, cuando las disidencias atacaron a la comunidad. Precisamente, tras este hecho el presidente Gustavo Petro decidió suspender el cese al fuego con ese grupo armado.

Yule era una reconocida lideresa de la vereda La Bodega, en el resguardo indígena de Toribío. Ella se encontraba en este territorio cuando el frente Dagoberto Ramos de la disidencias de las Farc se enfrentó a la guardia indígena.

Esto sucedió cuando la comunidad se encontraba exigiendo la liberación de un menor que había sido secuestrado en la zona por este grupo armado.

Según la datos de la Defensoría del Pueblo, a la fecha han sido asesinados 33 líderes en el país y advirtió que los riesgos para la comunidad va en aumento.

Antes de conocerse la muerte de Carmelina Yule, el presidente Petro decidió suspender el cese al fuego con el Estado Mayor Central, una disidencia de las extintas Farc que es comandada por Néstor Gregorio Vera Fernández, ‘Iván Mordisco’, por incumplir lo pactado.

Los ataques de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP a la población civil, incluyendo a organizaciones y líderes sociales que se han resistido sus acciones violentas” en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, han generado “una situación de amenaza”, dijo el Mandatario.

Además, la colectividad ha vulnerado los derechos y libertades de la población, lo que “exige la intervención de la Fuerza Pública y de las instituciones del Estado en su conjunto”, pues se trata de, insiste el decreto, un “incumplimiento” de lo acordado.

En consecuencia, de acuerdo con el decreto emitido por Presidencia, las operaciones militares y los operativos oficiales de carácter ofensivo se reanudarán el 20 de marzo de este año, principalmente contra las estructuras presentes en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Por su parte, ONU Derechos Humanos pidió a los grupos armados respetar de forma “incondicional” los derechos a la vida y las libertades fundamentales de la población, así como la autonomía, el gobierno propio y la jurisdicción de los pueblos indígenas.

”Recordamos que aunque el diálogo con actores armados puede contribuir a mejorar la situación en los territorios, el Estado es el garante de los derechos humanos y su prioridad es reforzar su capacidad de respuesta”, señaló el ente internacional.