"Pueden jurar ante la Biblia y sacar todos los comunicados que quieran, pero para nosotros no hay duda de que son ellos los que han hecho todas estas cosas en el bajo Cauca”.

De esta manera el ministro de Defensa, Iván Velásquez, justificó la decisión que tomó el Gobierno Nacional de suspender el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo por las acciones violentas que se presentaron en el noroccidente del país en medio del paro minero.
Sin embargo, niega que el Estado haya tardado en tomar la medida o que el orden público esté “desmadrado”, como ha afirmado el Fiscal General de la Nación.

Sobre sus afirmaciones y las de los gobernadores que recordaron el lema del escudo nacional de ‘Libertad y orden’ para llamar la atención sobre la inseguridad en el país, dice que en muchos casos, las situaciones de violencia, cuya gravedad no desconoce, se presentan con más fuerza para aprovecharlas como una oportunidad en la confrontación con el Gobierno.

El titular de la cartera de Defensa habló también de lo ocurrido con el ministro del Interior, Alfonso Prada, en el Caguán, hace un par de semanas en el que resultó muerto un policía y un civil.

¿La liberación de los policías hace tres semanas en San Vicente Del Caguán estuvo condicionada a que no se usara la palabra secuestro en la entrega? Eso dijo esta semana el director de la Policía Nacional.
​
Dijeron que eso no era un secuestro y todos convinimos finalmente, en que el término que se utilice en esas condiciones era irrelevante. La calificación jurídica de esa conducta es una calificación de la Fiscalía. Yo he hablado, por ejemplo, y lo hago generalmente, en términos de retención, y entonces algunos dicen ‘ah sí, ¿y es que no fue un secuestro?’ Es que la retención es uno de los verbos que está en el código penal en la definición de secuestro, el que arrebate, sustraiga, retenga.

Yo creo que en esto se le da mucho realce a determinadas cosas para tratar de generar contradicciones, pero si uno mira la forma como ocurren naturalmente las cosas, hay asuntos que son de mucha más trascendencia que a algo se le diga secuestro o retención.

Lea además: Aida Merlano envuelta en un nuevo lío: habría agredido a guardia del Inpec por un celular

¿Cómo recibe el llamado de los gobernadores de Libertad y Orden? ¿Se ha intensificado la violencia?

Más bien diríamos que no se ha logrado disminuir los niveles de violencia en que pensábamos que se podría. No hay precisamente un incremento. Yo no desconozco que estamos en una situación complicada, pero que no es excepcional por toda la historia que hemos tenido de los años anteriores en el país.

¿Por qué razón ahora se siente con tanta fuerza? Vuelvo a decir, y esto, siempre muy enfático, no es que desconozca la realidad, pero se presenta con tanta fuerza también porque es una oportunidad en la confrontación con el Gobierno de destacar y decir que aquí estamos en una situación insoportable.

Por ejemplo, el hecho ocurrido en Barranquilla en el que matan a cinco personas y dejan 14 más lesionadas. ¿Cuál es la afirmación inmediata? Barranquilla está invivible. Aquí matan a la gente donde sea, pero ni siquiera se toman la molestia de revisar que hay una historia de confrontación entre dos bandas en esa ciudad y que por la muerte que una de estas le habría ocasionado al sobrino del jefe de la otra, entonces ahora se produjo una retaliación y hace que cometan este hecho de mucha gravedad. Tampoco estoy afirmando que los cinco muertos sean de la otra organización, pero creo que en todo esto siempre hay que determinar cuáles son las causas que están alrededor de un hecho que escandaliza. Sin minimizar la situación en la que nos encontramos, pero se debe considerar cada uno de esos hechos para llegar a las afirmaciones generales.

¿Es decir que no puede afirmarse que el orden público está “desmadrado” en el país, como dice el fiscal Francisco Barbosa?

No, yo no creo que sea en esos términos de desmadrado. Aquí desafortunadamente el fiscal Barbosa ha asumido una actitud que no la voy a calificar porque se ha visto públicamente. Si uno revisa todos los hechos ocurridos para decantar cuáles podrían llevar a ratificar o corroborar una afirmación de esa naturaleza, encontraría que no son todos los que han sucedido.

¿Tardó el Gobierno en reconocer que no funcionó el cese al fuego bilateral con el ‘Clan del Golfo’?
​
La inteligencia va acopiando información que nos transmite y en las reuniones de seguridad con el Presidente se informa lo que se va conociendo. Al principio hubo informaciones que señalaban solo como una influencia del Clan del Golfo sobre el movimiento minero. Que se estaban ejerciendo presiones, por lo menos que se hacían llamadas o se enviaban mensajes para decir ‘tienen que participar en este movimiento’.

Hasta ese punto, siempre en la valoración, porque no es frente a una acción inicial que se produzca como reacción inmediata la ruptura, suspensión o terminación del cese.

Luego, cuando la información era mucho más fuerte en el sentido, por ejemplo, de que detrás de la violencia que se expresó en la quema de los vehículos y del peaje, estaba efectivamente el Clan del Golfo, esta información fue entregada al Presidente Gustavo Petro y dio lugar a su terminación.

Entonces no hubo en realidad una dilación en la decisión presidencial, sino que llega el momento en el que se dice aquí evidentemente esta gente está realizando actos intolerables frente al cese.

Ellos todavía sostienen y han sacado comunicados diciendo que es mentira que estuvieron involucrados en estos hechos y que esto es de otras organizaciones armadas. Pueden jurar ante la Biblia y sacar todos los comunicados que quieran, pero para nosotros no hay duda de que son ellos los que han hecho todas estas cosas en el bajo Cauca.


Tras la decisión de suspender el cese al fuego con el Clan del Golfo, ¿cuál es la hoja de ruta que se seguirá para combatirlos?

Hay tres acciones, una que tiene que ver con el mantenimiento del control como se está ejerciendo en el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba, es decir que la presencia de casi 12.000 efectivos de Fuerzas Militares y de Policía se mantiene. Dentro de eso mismo se están realizando acciones de Fuerzas Militares en el territorio.

Lo segundo que se está llevando a cabo es la orden del presidente Gustavo Petro de que las Fuerzas Militares tienen que asegurar otros territorios en el país en los que tiene influencia el Clan del Golfo, pues debemos anticiparnos a eventuales acciones que ellos cometan en regiones como el Urabá, Chocó, Córdoba, Sucre, el propio Bajo Cauca y nordeste antioqueño. Allí tienen que tener una presencia mayor y más activa de parte de Fuerzas Militares.

Lo tercero es el desarrollo de operaciones ofensivas contra esa organización. Esto no se hace de un día para otro, pero lo que sé, es que las instrucciones que el general Giraldo ha dado a las tropas es que están actuando de acuerdo con esas instrucciones presidenciales.

Lea también: Propuesta de Ospina de crear una granja para que detenidos trabajen sigue generando polémica en Cali

El Defensor del Pueblo dijo que la única que ha respetado el cese al fuego es la Fuerza Pública. ¿Concuerda con él?

El cese como confrontación armada entre las Fuerzas Militares y la organización armada ilegal se cumplió. A excepción de los combates que ha habido entre el Ejército Nacional y el ELN, que no está en cese, no hubo acciones de enfrentamiento armado.

Lo que pasa, es que esa es la primera parte de lo que debería implicar en realidad un cese, porque un cese y ahora además con toda la experiencia de estos meses, tiene que significar mejores condiciones para la población. En esa medida las afirmaciones del Defensor pueden ser ciertas.

Desde el 1 de enero del presente año, fecha en la inició el cese al fuego, grupos armados ilegales que estaban o están dentro de estos decretos de cese al fuego, realizaron acciones contra la población, acciones de confrontación entre ellos que significaron afectaciones a la comunidad, eso sí lo podemos decir.

Además hay algo en lo que yo he insistido respecto del Estado Mayor Central. Estructuras de este grupo, especialmente en el departamento del Cauca, parecieran revelar que no existe una unidad de mando, porque mientras el grupo liderado por alias Iván Mordisco expresa la voluntad, estructuras como la Carlos Patiño y la Dagoberto Ramos, continúan realizando hechos que están afectando a la población civil.

¿Y en materia de erradicación? ¿Se bajó la guardia?
​
La erradicación forzada ha bajado sensiblemente, pero es que hay que entender la política del Gobierno. Lo primero, como lo mostró la vicecanciller de asuntos multilaterales, Laura Gil, en Viena, en este siglo se erradicaron con glifosato más de dos millones de hectáreas y una más manualmente.

Es decir, tres millones de hectáreas erradicadas de acuerdo con esas cifras, que han manejado siempre todos los Gobiernos y no solo el Gobierno Petro.

Nosotros entendemos que los campesinos son el eslabón más débil en la cadena del narcotráfico. Entonces lo que planteamos es que la acción tiene que dirigirse contra los dueños del negocio. Unas acciones contundentes destruyendo laboratorios e incautando los insumos para la producción.

Además de incrementar a niveles históricos la incautación de cocaína y afectar las finanzas, en el plan de inteligencia hemos destacado un componente muy importante: el narcotráfico y el contrabando. Como lo dice el presidente: ‘La mercancía que sale de Colombia como cocaína regresa como zapatos o textiles”.

¿Esto lo entiende Estados Unidos?
​
Cuando yo expliqué esta situación en diciembre del año pasado, sentí que lo entendieron, es decir, percibí que lo entendieron.

En reuniones que el Presidente ha tenido con delegaciones norteamericanas, que han sido muy frecuentes, él siempre plantea esto y dicen estar de acuerdo.

Hay una situación que, aprovechando la circunstancia de enero de la erradicación muy baja, se generó, pero yo creo que es que en muchas ocasiones se producen ruidos tan altos porque hay una intención no por el bien del país sino para decir que este Gobierno está con el narcotráfico.